Bomberos pirómanos

Aún en la triste resaca de la acalorada reunión del Consejo de Política Financiera y Fiscal (CPFF), en la que el pelotón de fusilamiento del Partido Popular capitaneado por el ministro Montoro había cargado sus armas contra Andalucía, salta a la palestra que las comunidades de Madrid y Valencia han ocultado déficit por un montante global de varios miles de millones de euros. Todos intuíamos que el trato dado a Andalucía, a la que se les exigió un esfuerzo adicional de reducción de gasto para superar la prueba, era injusto y desigual, que se le estaba aplicando un rasero más exigente que al resto. Con un déficit similar a la media nacional y un endeudamiento muy inferior, a Andalucía se le impone un ajuste de 3.800 millones, el 20 por ciento del total. El Gobierno andaluz hizo sus deberes en 2011 y presentó ante el CPFF un plan de equilibrio financiero riguroso y responsable. Se escrutó el documento con lupa, por poner pegas se cuestionó hasta pasajes del preámbulo, mientras que los de otras autonomías recibían luz verde prácticamente sin pasar de la primera pagina. Escribe el periodista Luis Barbero que en la actitud del ministro se intuyen “razones partidistas”. Una sensación que comparto al cien por cien. Se le exige a la comunidad un esfuerzo superior presentando mejores credenciales, lo que constituye un agravio comparativo insoportable.

Andalucía ha cumplido con la contención del gasto y asume por imperativo legal y por responsabilidad la obligación del déficit de 1,5% para 2012.  Sin embargo, el Gobierno de Rajoy desde que desembarcó en la Moncloa no ha parado de poner en duda la solvencia financiera de Andalucía desde la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría a Montoro, pasando por Antonio Beteta, secretario de Estado de Hacienda. Y resulta que el ínclito Beteta, que dejó la Consejería de Hacienda madrileña para asumir el alto cargo en el Ministerio, ahora tan implacable con otras CCAA, en su anterior destino usaba trucos de ingeniería contable para ocultar sus desviaciones presupuestarias. Madrid maquilló sus cuentas: de los 1.000 millones de déficit en 2011 que declaraba ahora reconoce el doble. Si Beteta se aplicara la ley de Transparencia que ha elaborado el Gobierno (aún en trámite pero ya presentada) tendría que dimitir por coherencia. ¿A quién hemos puesto a guardar el gallinero? En lugar de perseguir a las comunidades de otro signo político, debería el Ministerio de Hacienda haber aplicado más celo en el control de las gobernadas por el PP. Madrid, Valencia y Castilla-León han situado el déficit nacional en el 8,9%, cuatro décimas más que el presentado a Bruselas en marzo, lo que traducido a dinero contante y sonante son 4.000 millones.

Montoro y Beteta, en lugar de actuar como bomberos, se desenvuelven como auténticos pirómanos. No está este país para bromas y estos dos altos representantes del Estado se dedican a hacer política de bajos vuelos, sin importante el prestigio de la marca España. ¡En qué manos estamos! Y Javier Arenas callando antes estas tropelías contra Andalucía y España… Y ya se sabe: quien calla, otorga.