Doble castigo

No cabe duda. El Gobierno de Rajoy renuncia al futuro de España, el PP se abona (nos abona) a la depresión. Lo sacrifica todo a la reducción del déficit público. Lo dejó ayer claro el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, al situar este objetivo como el único de la acción de gobierno: “Primero, el déficit; segundo, el déficit; tercero, el déficit público”. Con ese criterio se han elaborado los Presupuestos Generales del Estado. Se tira por la borda la recuperación económica y la creación de empleo sólo para dar respuesta a los afanes destructivos de los mercados y de su representante en la Unión Europea, que no es otra que Angela Merkel. Las cuentas del Estado no incluyen ni una sola partida de estímulo ni para la reactivación de nuestra actividad económica. Se reduce a la mitad los fondos para investigación, para educación (con una disminución dramática en la partida de becas), para las políticas activas de empleo o se paraliza el apoyo a las energías renovables. Nuestra economía no funciona y se dinamita la posibilidad de avanzar hacia un nuevo modelo económico con medidas miopes y que no apuestan por I+D+i. Nos resignamos a no crecer con el pretexto de cuadrar las cuentas a cualquier precio y no provocar la ira del directorio de la UE que nos tutela y nos aprieta. Tiramos la toalla frente a la crisis, abonamos el camino de una recesión cada vez más profunda, y en cambio se les da un premio a los grandes defraudadores y se acentúan los recortes en materia social. La derecha está dando una respuesta sumisa e injusta a la crisis, un castigo en toda regla a las clases medias y trabajadoras.

En clave andaluza, los presupuestos suponen una doble penalización a esta comunidad autónoma. A todas las agresiones y recortes generales, dan una vuelta de tuerca más. Y no precisamente cualquiera: la consignación de unas inversiones muy por debajo de lo que marca la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía. El texto, que tiene el rango de ley orgánica, obliga a destinar un porcentaje de las inversiones del Estado similar al peso de la población andaluza. En lugar de prever el 17,8% de total para Andalucía, se recogen proyectos e infraestructuras por sólo el 14,6%.  Un 3,2% menos que traducido en dinero contante y sonante supone que más de 400 millones se han quedado en el limbo. Esta importante quita significa un incumplimiento flagrante de un Estatuto que el propio Rajoy apoyó en 2006 con su voto en el Congreso de los Diputados. La Junta de Andalucía ya anunciado que peleará por lo que nos corresponde por derecho por la vía del diálogo político y si no prospera, en los tribunales. No cabe otra reacción ante este atropello.

La “rebeldía estatutaria” (concepto acuñado por Mar Moreno) ha tenido el silencio bochornoso de Javier Arenas como respuesta. Con la larga lista  de demandas y reivindicaciones que tenía con Zapatero (siempre cumplió con el 17,8%) y lo considerado y dócil que se muestra con los suyos. Ya lo hizo con Aznar durante aquellos ocho años negros e incurre de nuevo en el mismo vasallaje con Rajoy, comiéndose todas sus bravatas y traicionando a Andalucía. No es ninguna hipótesis descabellada que este recorte extra para Andalucía sea la consecuencia del revés electoral del 25-M, del cuarto fracaso de Arenas en unas elecciones autonómicas. Así se las gasta el PP: si no consigue sus objetivos electorales, palo y tentetieso con aquel pueblo que osa a desafiar su hipotético derecho natural de ostentar el poder. Las sabias gentes de Andalucía le han dado toda una lección a los peperos en las urnas y la factura que nos pasa el inquilino de la Moncloa es el agravio y la asfixia financiera. Estos modos ya los conocemos de la época del estadista de las Azores. Se equivocan si quieren humillar a los andaluces con la chequera. Mucho me temo que el Partido Popular no tropezará dos veces en la misma piedra.

Viñeta.- Peridis en El País.