¡Apliquen la ley!

Soy lego en derecho. Justo es reconocerlo antes de empezar. Esta mañana, en la Cadena Ser, el periodista José María Martí Gómez, citando a un ex fiscal jefe de Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ha apuntado una vía jurídica para perseguir las indecentes compensaciones para los directivos de Caixanovagalicia y de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), un dispendio más vergonzoso si cabe tras haber llevado a ambas entidades a la ruina y tener que ser intervenidas por el Banco de España. Martí Gómez nos remitía a los delitos societarios recogidos en el Código Penal:

Artículo 290.

Los administradores, de hecho o de derecho, de una sociedad constituida o en formación, que falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la misma, a alguno de sus socios, o a un tercero, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses.

Si se llegare a causar el perjuicio económico se impondrán las penas en su mitad superior.

Artículo 291.

Los que, prevaliéndose de su situación mayoritaria en la Junta de accionistas o el órgano de administración de cualquier sociedad constituida o en formación, impusieren acuerdos abusivos, con ánimo de lucro propio o ajeno, en perjuicio de los demás socios, y sin que reporten beneficios a la misma, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido.

Artículo 292.

La misma pena del artículo anterior se impondrá a los que impusieren o se aprovecharen para sí o para un tercero, en perjuicio de la sociedad o de alguno de sus socios, de un acuerdo lesivo adoptado por una mayoría ficticia, obtenida por abuso de firma en blanco, por atribución indebida del derecho de voto a quienes legalmente carezcan del mismo, por negación ilícita del ejercicio de este derecho a quienes lo tengan reconocido por la Ley, o por cualquier otro medio o procedimiento semejante, y sin perjuicio de castigar el hecho como corresponde si constituyese otro delito.

Sin ser jurista, me atrevo a animar a la Fiscalía a actúe de oficio para corregir la desvergüenza de unos rectores que han mirado más por sus intereses que por el de sus ahorradores. Decía Martí Gómez que el concepto de abusivo es extrajurídico y queda al arbitrio del juez de turno. Pues si su señoría, con la que está cayendo no ve dolo ni delito, si no muestra sensibilidad ante este latrocinio de cuello blanco, es que tiene que colgar la toga. Este escándalo no puede quedar impune.

Fragmento del programa ‘A vivir que son dos días’, de la Ser.