¿Delito electoral?

Un informe de la Agencia Tributaria desvela la posible manipulación en facturas de la campaña del Partido Popular en Andalucía, contratada con la empresa Rialgreen, una de las firmas de la trama Gürtel, para ocultar presuntamente gastos electorales que excedían de lo legalmente establecido. Estos datos, avanzados por la Cadena Ser, se extraen del sumario que investiga la trama corrupta de Correa y compañía y sus profundas ramificaciones con el primer partido de la oposición.

Los documentos en manos del juez descubren que el PP pidió a Rialgreen que cambiaran el concepto de las facturas para que no fueran imputables en campaña. De confirmarse, estos extremos estaríamos, cuando menos, ante posible delito electoral. Además, sería una burla a la ciudadanía y un comportamiento tramposo en algo tan vital en una democracia como es el desarrollo legal de un proceso electoral. Y llueve sobre mojado: ya en 2004 la Cámara de Cuentas de Andalucía recriminó la falta de justificación por parte de la citada empresa de los pagos recibidos de la organización presidido por Javier Arenas en las autonómicas de 2004.

Cada día se conocen más datos de las conexiones de Gürtel con el PP en Andalucía. La ola putrefacta de la trama traspasó Despeñaperros de la mano de conspicuos dirigentes del partido de la gaviota. Ya sabemos que Arenas se carteaba con El Bigotes y le agilizaba pagos, el ex tesorero Bárcenas ha señalado a su amigo de pádel como uno de los que decidían los contratos para Gürtel, Ricardo Tarno (número tres de los populares andaluces) aparece en los apuntes contables de la banda… Se echan de menos muchas explicaciones. ¿Pedirán los chicos del coro de la derecha una comisión de investigación sobre sus cuentas? Seguro que no. Siempre la ley del embudo.