La verdad de Valadez

Siento asco cuando se hace política a través de atajos abyectos, de malas artes y de subvertir la verdad. Me repugna que haya gente dispuesta a destruir socialmente a su adversario político sin argumentos y sin escrúpulos para recoger unos inmorales réditos electorales. Algunos han puesto de moda la aniquilación moral sin importarle para nada la dignidad ni el sentimiento de las personas, simplemente anteponiendo su ambición desmedida por el poder.

Al alcalde de Estepona, el socialista David Valadez, le están haciendo la vida imposible desde que llegó al cargo. Es una persona honesta y cabal que llegó al sillón municipal con la bandera de la higiene democrática y con el aval de la integridad tras el bochornoso caso Astapa. Gobierna en minoría con el torpedeo permanente de ediles imputados por corrupción conchabados con el PP. Ha llegado a tal magnitud el esperpento que la oposición ha convertido al regidor en mileurista: los cuates de la vileza se pusieron de acuerdo para rebajar su sueldo hasta los 900 euros mensuales. Se da la paradoja que los opositores que destruyen y ponen palos en las ruedas cobran más que los que intentan poner orden y hacer que la ciudad avance.

En este caldo de cultivo extravagante y miserable, se difunde una noticia sin que aún no se haya producido. Teóricamente, un juzgado imputa al alcalde de los presuntos delitos de prevaricación urbanística y omisión del deber de perseguir delito en una causa que parte de una denuncia formulada a finales de 2008 por la construcción de una vivienda en suelo rústico por parte de su jefe de gabinete de Alcaldía, Luciano Sánchez. Esta información que se difunde sin que tan siquiera el afectado haya recibido la notificación judicial hace que el PP se tire a degüello a laminar a su antagonista con ese estilo siniestro y vil que marcan el presidente regional, Javier Arenas, y su chico de los recados para asuntos de tribunales, Juan Ignacio Zoido, un juez en excedencia que hace el trabajo sucio y remueve las heces al ritmo que marca su jefe.

Caldeado el ambiente y dando una vuelta de tuerca más a un alcalde que ha recibido amenazas contra sus integridad física, el PP ha pedido su dimisión a sabiendas que no había caso y que estaba participando en una tremenda injusticia. Nada mejor que conocer la verdad para desmontar artimañas despreciables. Pasemos a los hechos:

  1. La construcción y la posterior escrituración de la vivienda ilegal ante notario (marzo de 2007) se produce antes de que Valadez llegara a la Alcaldía (julio de 2008).
  2. El 5 de noviembre de 2008, Valadez abrió un expediente y pidió al Departamento de Disciplina Urbanística que investigara los hechos tras conocer la noticia de la supuesta irregularidad que había sido publicada cinco días antes en un periódico local de Estepona. El regidor hizo este movimiento un mes antes de que Juan Manuel Rodríguez, concejal posgilista, interpusiera su denuncia.
  3. El expediente siguió su curso: el 7 de enero de 2009, Valadez decretó “la inmediata suspensión de las obras”.
  4. El 16 de junio, puso a Sánchez una multa de 157.415 euros, cantidad equivalente al 250% del valor de tasación de la vivienda ilegal, de acuerdo con la ley urbanística de Andalucía.
  5. El pasado 21 de septiembre decretó la demolición de las obras, realizadas sin licencia municipal.

Conocida la verdad no se entiende ni la supuesta actuación judicial (aún en el limbo: no hay ninguna providencia oficial de imputación) ni la reacción histérica e impresentable del PP. Es lógico que el alcalde esteponero clame ante su situación de indefensión jurídica y, como no tiene nada que ocultar, acudió ayer de forma voluntaria para facilitar todo la documentación a la jueza que instruye el caso. En el fondo, esta denuncia está motivada (y uso las palabras del primer edil) en que “jamás se me perdonará el haber contribuido a esclarecer lo que en este Ayuntamiento estaba ocurriendo”.

La canallada de Estepona no es la primera ni será la única que protagonice el PP contra gente honesta y proba. Ha puesto la máquina de picar en funcionamiento contra el ex presidente de la Junta y vicepresidente del Gobierno, Manuel Chaves, contra el secretario provincial del PSOE en Sevilla y senador, José Antonio Viera, o intentando implicar a algunos cargos socialistas en el caso Mercasevilla. El principal partido de la oposición ha montado un bufete de leguleyos sin pudor para judicializar la vida política a fin de ganar en los tribunales lo que no consigue en las urnas.