Mascletá en la Gurtel

Mariano Rajoy se mesaba sus barbas y respiraba tranquilo mientras degustaba un puro en su despacho de la calle Génova de Madrid. Todo ha acabado, la tormenta del caso Gurtel ha amainado. En Valencia, Francisco Camps festejaba con voz atiplada que las cuentas del PP están en orden y son claras. Era el momento de la descomprensión después de una extraña maniobra de la sala del Tribunal Superior de Justicia valenciana presidida por el íntimo amigo del presidente de la Generalitat, el magistrado De la Rúa, de archivar la causa por financiación ilegal cuando las pruebas eran más que evidentes. La calma ha durado apenas unas cuantas horas.

El caso Gurtel ha estallado a la grande, con el ruidoso aparato pirotécnico de una mascletá, gracias a un informe demoledor de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía. En un documento de noventa páginas, esta especializada unidad policial desmenuza pormenorizadamente toda una estructura de financiación ilegal del PP en Valencia con conocimiento y participación del vicepresidente del Gobierno regional, Vicente Rambla, del secretario general, Ricardo Costa, el vicesecretario David Serra y de la tesorera del partido, Yolanda García. Esta solvente investigación, que demuestra una conducta delictiva y reprobable de cargos públicos, fue desestimada por el togado amigo de Camps acogiéndose a unas rebuscadas e inexplicables cuestiones de forma.

¿Como un representante del poder judicial puede mirar a otra parte cuando tiene en sus manos un documento que descubre actividades irregulares punibles con la legislación en la mano? Resoluciones de esta naturaleza nos hacen dudar del tercer poder, pensar que la justicia no es confiable. Estamos hablando de presunta financiación ilegal, de tráfico de influencias, de malversación de fondos públicos, de falsedad documental o de delito fiscal con evidencia de cajas B, dinero negro, dobles contabilidades y facturas falsas con la gestión de dos de los conseguidores de la trama mafiosa (El Bigotes y Pablo Crespo) y con la colaboración de cinco potentes constructoras. Todo probado y requeteprobado. (El País lo cuenta con todo lujo de detalles).

Aquí no caben ni gritos ni lamentaciones sobre teorías conspirativas o manías persecutorias. El caso Gurtel adquiere una dimensión extraordinaria. La relevancia de los nuevos datos conocidos trasciende con mucho al inmoral y antiestético asunto de los trajes regalados. El informe de la UDEF supone un salto cualitativo que requiere la acción inmediata de la administración de la justicia  (no se pueden quedar impunes delitos de tanta gravedad) y, además, que el PP se deje de evasivas y proceda a abrir las ventanas de su casa, unas dependencias que huelen a podrido por la cercanía de las cloacas, y aparte a los garbanzos negros cuanto antes.

A expensas de lo que ocurra en Valencia, hay un centenar de imputados por el sumario de Gurtel en toda España, entre ellos un par de decenas de cargos del PP, con un tesorero nacional (Luis Bárcenas) y un diputado (Jesús Merino) en la picota. La gangrena está muy extendida y se necesita profilaxis con urgencia.