¿Proporcionalidad penal?

Leo el editorial de hoy de ABC y me quedo petrificado. Con una contorsión imposible, sale en defensa del presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, que se encuentra en la antesala de ser procesado, con argumentos de dudoso encaje jurídico (apelación a la proporcionalidad penal) y nula validez ética. Quien comete un delito, por pequeño que éste sea, ha de pagar por él, ya sea Agamenón o su porquero. En democracia todos somos iguales ante la ley. Pero si eres cargo público la exigencia de probidad ha de ser mayor incluso. Rechina especialmente esta posición del diario de Vocento cuando con otros casos de pequeña enjundia han liderado una cruzada contra dirigentes de otro signo político. Por poner un ejemplo cercano: el caso de las facturas falsas en el Ayuntamiento de Sevilla por un montante de 4.800 euros.

El periódico sostiene una tesis infumable en democracia. Simplificando viene a decir que si el delito es pequeño (Camps puede ser sancionado con una multa de 2.500 €), hay que mirar a otro lado, máxime si la persona que lo comete tiene el respaldo ciudadano a través de las urnas. Textualmente señala: “En términos sociales y políticos, la ‘pena de banquillo’ a la que puede verse sometido el presidente de la Comunidad Valenciana excede con mucho la eventual responsabilidad en que podría haber incurrido“. El juez le imputa a Camps un delito de cohecho por haber recibido trajes regalados por los miembros de una red corrupta que obtenía numerosos contratos de la administración autonómica valenciana (caso Gurtel).

Otra perla del editorial de ABC: “La carrera política de un líder acreditado por el éxito reiterado en las urnas es un factor que merece protección en términos de proporcionalidad…“. Total que si el infractor tiene gancho electoral adquiere una especie de bula, se merecería un tratamiento especial y deferente, quedaría inmune ante la vulneración de las normas que rigen un estado de derecho y los medios de comunicación tendrían que hacer la vista gorda para no darle un sofocón al baranda. Así se empieza, luego continuamos aceptando con normalidad conductas inmorales e ilegales como las de Berlusconi y, poco después, acabamos añorando las barrabasadas de Pinochet y otros ínclitos dictadores de infausto recuerdo.

Además de la comisión de un presunto delito, un asunto que está en manos de la justicia, ya nadie duda de que Camps ha mentido a la sociedad y al magistrado. Ni siquiera en el PP. Dirigentes populares intentan ahora banalizar los trajes regalados comparándolos con otros obsequios y atenciones que reciben otros políticos u otros ejecutivos. Hemos pasado del ‘no hay caso’ a ‘esto es normal, así que no hay que escandalizarse’.

En torno a Camps confluye una triada peligrosa: la infracción de la norma,  los coqueteos con una red de corrupción (origen del regalo) y la mentira. Cualquiera de las tres variables por separado deja una mancha insoportable en el expediente de un político, la suma de las tres debería ser letal. Entretanto, el PP decreta la ley de silencio sobre el asunto ante los medios de comunicación. Menudo jeroglífico tienen por delante.

(Editorial de ABC: Camps y la proporcionalidad penal)