Sí a Ciudadanía

Ha necesitado el Tribunal Supremo dos días y medio para soltar la fumata blanca sobre Educación para la Ciudadanía. El alto tribunal considera que no se puede objetar a la asignatura, dando la razón al Gobierno y a la Junta de Andalucía. Por tanto, se considera obligatoria para el currículum académico.

La decisión supone un triunfo del Estado democrático y de derecho, el triunfo de la ética pública frente al intento de imposición de una ética privada que pertenece a otro ámbito y afianza la educación en los valores cívicos que sustentan nuestra convivencia democrática y el ejercicio de los Derechos Humanos. De camino, la resolución da un severo varapalo a quienes han boicoteado la asignatura, especialmente a los gobiernos autonómicos del PP en Madrid y Valencia.

Este fallo del Supremo ha de poner fin a falsa polémica alentada por los sectores más conservadores y extremistas de la sociedad, de los carcas de siempre, que no les ha importado torpedear la educación, crear incertidumbre en muchas familias y alumnos, y generar un auténtico caos en el funcionamiento de muchos centros educativos en algunas de las comunidades. Han montado una polémica ficticia porque es una materia que se imparte sin ningún tipo de problemas en la mayoría de los países de la Unión Europea.

Es el momento de pasar página y de funcionar con normalidad, que aquellos estudiantes que demandaron la objeción, que representan un número ínfimo, se sumen a unas clases que, hasta ahora, han cursado o están cursando en España más de un millón de alumnos.

Es la hora de la responsabilidad de los padres que han de favorecer el regreso a las aulas de sus hijos para que compartan con sus compañeros la formación en valores constitucionales y derechos fundamentales, es decir, los contenidos de la ética pública en una sociedad democrática. Asuntos tan fundamentales y útiles para el pleno desarrollo de la personalidad y de la conciencia democrática de los estudiantes como el respeto a la dignidad personal, el rechazo a las discriminaciones, el valor del diálogo y la resolución pacífica de conflictos, los Derechos Humanos, el funcionamiento de los Estados democráticos o el papel de los organismos internacionales.