Intocables

Jueces y secretarios judiciales celebran mañana una jornada de protestas por la “intolerable presión” del poder político, es decir, del Gobierno de España. No pueden admitir los togados y sus cualificados funcionarios públicos que los representantes legítimos del pueblo español puedan opinar. Y opinar con respeto (y casi pidiendo disculpas por hacerlo) por la irrisoria sanción impuesta al juez Rafael Tirado por un fallo judicial que permitió que el pederasta Santiago del Valle permaneciera en libertad y presuntamente (por ser políticamente correcto a la espera de que sea juzgado) asesinara a la niña Mari Luz Cortés en Huelva. El magistrado no ejecutó una sentencia firme que tenía que haber colocado a la sombra a este delincuente. Por no hacer su trabajo sólo recibió una módica penalización de 1.502 euros. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gestión de los jueces, le dio este suave tirón de orejas al juez Tirado y, unas semanas más tarde, a la secretaria judicial le impuso un castigo más apropiado a la gravedad del yerro: suspensión de dos años de empleo y sueldo. Algún miembro del Gobierno de España, como la vicepresidenta o el ministro de Justicia, ha tenido la osadía de expresar la perplejidad por la blandura del CGPJ con el magistrado. Ahora, los magistrados, que tienen prohibida legalmente la posibilidad de ir a la huelga, anuncian medidas corporativas para salvar de la quema a su compañero. El colectivo de secrerarios judiciales harán lo propio por la suya. Defiendo la libertad de expresión en todos los casos, y veo lógico que el Gobierno o cualquiera pueda manifestar su disconformidad con una sanción injusta por su levedad. Ya lo he escrito alguna vez: en otro ámbito un error de bulto como el del juez Tirado habría supuesto la asunción de responsabilidades e incluso la incoación de procedimiento judicial por negligencia. Aquí se quiere resolver todo con una multa de 1.500 euros y pelillos a la mar. Un fallo disciplinario del órgano de gobierno de los jueces que ha provocado la indignación de amplias capas de la sociedad española. Hoy, el nuevo presidente del CGPJ, Carlos Dívar, intenta serenar los ánimos y evitar las protestas convocadas por los decanos de los jueces y algunos presidentes de Audiciencias Provinciales. Fiscales progresistas alertan de que la convocatoria de las protestas está generando “una peligrosa imagen corporativista que, real o no, la sociedad difícilmente puede comprender”. Tienen razón: se sienten intocables e infalibles. Los dioses nunca se equivocan. La toga te hace divino.