Condena oportuna

Quien la hace, la debe pagar. Nadie tiene bula (por mucho que trabaje en la cadena de radio de los obispos) para usar los micrófonos a su antojo repartiendo insultos por doquier. Una jueza de Madrid ha tenido la valentía de condenar a un periodista (o locutor) por un delito de injurias graves con publicidad contra el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón. El reo no es otro que Federico Jiménez Losantos.

El fallo es pertinente y ejemplar por lo novedoso, aunque el penado lo entienda como “escandaloso”. Por una vez, y esperemos que sirva de precedente, se castiga el mal ejercicio del periodismo. La forma de actuar de Losantos le hace un flaco favor a esta profesión. Es una especie de gangrena que corroe los cimientos de este edificio, un modus operandi en el que se destierra la información veraz y se sustituye por opinión, soflamas y discursos sesgados.

No se puede intentar confundir la mentira, el insulto y el lenguaje procaz con la libertad de expresión o la libertad de crítica al poder político. Ningún derecho constitucional está en peligro en España, lo que no se puede tolerar es el libertinaje dialéctico de algunos periodistas de pacotilla. La crítica será siempre bienvenida, pero con fundamento y respeto cívico. O qué tenía que haber hecho Gallardón después de que Losantos lo acusara de no querer investigar el 11- M en estos términos: “Te da igual que haya 200 muertos, 1.500 heridos y un golpe brutal para echar a tu partido del Gobierno. Te da igual con tal de llegar tú al poder”. Lo llamó traidor a su organización y quería que Gallardón mirase hacia otro lado.

Durante la vista oral del caso, Esperanza Aguirre, Ángel Acebes y Eduardo Zaplana, llamados como testigos por el acusado, se desentendieron de las tesis de éste. Se quedó sólo con su iracundia y su mal perder y el apoyo único de su cuate, Pedro J. Ramírez, director de El Mundo, que considera que el estilo incendiario de Losantos “no se aparta en absoluto de las pautas habituales de cualquier radio española”. Pedro J. oye demasiado la Cope.

La condena no deja de ser simbólica. Está obligado el locutor de la cadena de la Conferencia Episcopal a pagar 36.000 euros, a razón de 100 euros al día durante doce meses. Calderilla para un empresario con saneadas cuentas de resultados de sus empresas audiovisuales y en la red. Aun así, ya ha anunciado un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid. Las curas de humildad les vienen muy bien a los desaprensivos.