Gobernar desde un plasma

Ley del silencio

Ni el Gobierno ni el partido que preside Mariano Rajoy constituyen ejemplos de transparencia. Lo de dar explicaciones y dar la cara no entran  en su manual de gestión de la cosa pública. Algunos episodios recientes que avalan esta teoría de la ley del silencio:

• Reunión reservada entre Rajoy y el presidente catalán, Artur Mas, en el Palacio de la Moncloa. Habida cuenta la coyuntura política actual, con el debate soberanista y los problemas financieros de esta comunidad, más que nunca se hacían necesarios la luz y los taquígrafos. Ni siquiera se emitió una triste nota de prensa. No son tiempos para encuentros clandestinos.
• Corrección por parte de Eurostat, el departamento estadístico de la Unión Europeo, de la cifra de déficit de España al cierre de 2012. El organismo europeo rectifica el dato aportado por el Gobierno de la nación y lo sube del 6,74% al 6,98% del producto interior bruto, unos 2.500 millones más de desfase entre gastos e ingresos. Con lo que representa este maquillaje para el prestigio del país, un tanto ya resentido, nadie del Ejecutivo se ha apresurado a ofrecer una explicación.
• Mariano Rajoy lleva más de un mes sin reunir a los órganos de su partido y sin ofrecer una rueda de prensa. Desde aquella estrambótica comparecencia ante los medios a través de un plasma y las dos preguntas respondidas al día siguiente ante la mirada atenta de Merkel en Berlín, el presidente no se ha sometido al escrutinio de los periodistas. Y no será porque no haya asuntos sobre los que sería importante conocer su opinión. Tampoco se ha prodigado Rajoy en entrevistas. Posiblemente esté evitando la quema del culebrón Bárcenas/Gürtel.
• En el Partido Popular se han suspendido las ruedas de prensa de los lunes. La versión oficial: no se han celebrado reuniones de los órganos directivos. Lo cierto es que desde que María Dolores de Cospedal nos vendió, para el asombro y la diversión general, la especie del finiquito en diferido de Bárcenas se apagó la luz en la sala de prensa de la sede nacional del PP. Todas las comparecencias de sus dirigentes se han producido en actos sin posibilidad de preguntas de los reporteros.
• El Gobierno ha emprendido una carrera de innovación en las comparecencias informativas. Escuché en la Cadena Ser a comienzo de esta semana que una secretaria de Estado (no recuerdo quién) hizo una declaración institucional sin opción a preguntas por parte de los periodistas y, luego con cámaras y grabadoras cerradas, ofreció aclaraciones a las dudas. Es más fácil expresarse sin que quede huella audiovisual, que posteriormente se pueden volver en su contra.
• A los miembros del gobierno no les queda más remedio que comparecer en las Cortes Generales. El reglamento obliga. Sin embargo, la ministra de Sanidad, Ana Mato, también presuntamente salpicada por las correrías de la Gürtel, se las ha ingeniado para burlar el control de la oposición en su comisión parlamentaria: ha tardado un año en acudir a esa cita con sus responsabilidades democráticas.
• El abuso del decreto-ley como técnica para hurtar el debate parlamentario. Así le ponen sordina a la democracia apelando a razones de urgencia y extrema necesidad. Uno de los últimos para reformar de espaldas al Pacto de Toledo elementos del sistema público de pensiones.

Dos caras de la misma moneda

La Consejería de Presidencia e Igualdad del Gobierno de Andalucía ha organizado entre ayer y hoy unas jornadas preparatorias de la futura ley autonómica de transparencia con el lema ‘En Andalucía más transparencia, más democracia’. No han podido ser más fecundas y oportunas: la claridad debe impregnar a todo el quehacer público para recuperar la confianza ciudadana y como antídoto de la corrupción, que de acuerdo con la última encuesta del CIS se ha convertido en el segundo problema para la sociedad española (ha pasado del 17% en enero hasta el 40% en febrero a raíz del caso Bárcenas y la presunta financiación irregular del PP) tras el desempleo.

Me ha tocado moderar la última mesa redonda: ‘Transparencia y medios de comunicación. ¿Qué espera la sociedad?’, a la que han asistido como ponentes los periodistas Román Orozco, María Esperanza Sánchez, Ignacio Escolar, Mabel Mata y Lalia González Santiago. De acuerdo con el programa, nos tocaba hablar y debatir sobre las relaciones entre los representantes públicos y los medios de comunicación, el acceso de éstos a la información y su traslado a la ciudadanía, que demanda una información veraz y transparente.

Cuando hablamos de transparencia, de participación ciudadana, de gobierno abierto, todos pensamos en una relación directa entre las distintas administraciones y la ciudadanía. Una interacción sin intermediarios gracias a las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías de la comunicación. Estas nuevas formas comunicacionales (redes sociales, web 2.0…) han roto el monopolio de los medios como enlace entre los representantes y los representados. Cualquier ciudadano puede conversar hoy con un cargo electo que tenga una cuenta en Twitter o Facebook. No obstante, los medios siguen siendo actores fundamentales en el espacio público y continúan construyendo la realidad social.

Los medios son agentes socialmente legitimados para conectar a los poderes públicos y la ciudadanía. Y para ejercer ese rol se les asigna una serie de responsabilidades y el mandato constitucional de ofrecer una información veraz. Si las administraciones tienen una obligación de transparencia, a los medios les corresponde actuar con independencia y desde el cumplimiento de la función social que tiene encomendado el periodismo en las sociedades democráticas. Transparencia pública e independencia mediática son dos caras de la misma moneda. (Por eso, entiendo el rechazo a las ruedas de prensa sin preguntas, aunque quizá lo más efectivo sería un plante de todos los periodistas, con sus directores, y todos los medios a ese tipo de convocatoria. Esta misma semana una iniciativa de este tipo ha obligado a una ministra, Ana Mato, a dar marcha atrás ante la negativa de los periodistas de asistir a un simulacro de comparecencia. Por favor, no más ruedas de prensa a través de un plasma). Las instituciones tienen un deber de transparencia y por esa razón me ha molestado la decisión de la Santa Sede de impedir más ruedas de prensa de sus cardenales. Seamos o no católicos, es un asunto de interés la elección del jefe de Estado del Vaticano y no se puede implantar el oscurantismo en los tiempos que corren, ni en Roma ni en Pekín.

Si se pide una administración de cristal, accesible y abierta, también la sociedad exige unos medios que actúen con deontología a la hora de contar las cosas. Los medios no pueden construir la realidad a través de un cristal traslucido, cuando no opaco y ajeno a la verdad. Los medios han de ser notarios de la realidad y no agentes activos de estrategias políticas, desvirtuando los valores en los que se asienta el periodismo. En España existe un partidismo inasumible en las empresas informativas que atenta contra los más elementales principios periodísticos.

Y una última idea que he planteado en mi intervención inicial: la transparencia no puede ser una desventaja para la administración que la practique frente aquellas que permanezcan cerradas a cal y canto, que no operen con luz y taquígrafos. El hecho de que una institución se abra a la sociedad no ha de implicar una mayor presión mediática y que se olvide la más necesaria fiscalización de aquellas que se aferren a la opacidad. Porque noticia, en palabras del periodista norteamericano Jack Robbins, es precisamente “la información que alguien quiere ocultar”.

Pacto ciudadano

El Gobierno andaluz cuenta desde ayer con un portal (www.pactoporandalucia.es) para dar voz a la ciudadanía y recoger sus propuestas para el Pacto por Andalucía. Se cumple el compromiso del presidente Griñán de hacer un pacto de abajo a arriba. El impulso de esta iniciativa es de Griñán pero los verdaderos protagonistas son los andaluces y las andaluzas. Los ciudadanos se erigen en el centro del Pacto. Y no sólo como destinatarios, sino como copartícipes de su elaboración. Es por tanto una iniciativa por, para y con la sociedad andaluza.

Se pone en marcha esta web, una herramienta que facilitará la participación ciudadana en un proyecto que pretende reforzar nuestro marco de convivencia, recuperar la confianza y definir los ejes para crecer, generar empleo y alumbrar una salida distinta de la crisis salvaguardando las conquistas del estado del bienestar, los servicios públicos esenciales y la igualdad de oportunidades. Y haciendo también un reparto más equitativo de los sacrificios. Es el momento de unir fuerzas y forjar un impulso colectivo. Por eso, esta ventana ofrece una oportunidad para la participación y el diálogo. Los ciudadanos, individualmente o través de organizaciones sociales, pueden hacer sus aportaciones a este pacto y definir de forma compartida nuestro futuro. A la hora de publicar este post, ya hay 122 aportaciones validadas e incorporadas a la web.

Desde el punto de vista técnico es una web sencilla, intuitiva y que además se ha realizado con software libre. Este portal es un primer paso dentro de una nueva filosofía, la de acercar y hacer a los ciudadanos partícipes de la gestión pública. Además de medidas sobre transparencia y participación, la Junta de Andalucía desarrollará iniciativas de Gobierno abierto con las que recuperar la confianza de los ciudadanos. Una estrategia digital 2.0 que arranca con este portal ciudadano del pacto por Andalucía. El Gobierno andaluz está firmemente comprometido con la transparencia y el open government y, desde luego, esta orientación digital tendrá una presencia muy relevante en una futura ley.

La Junta de Andalucía pone en marcha este portal para que los ciudadanos participen y se impliquen en la tarea de gobierno pero también para ofrecer respuestas. El Gobierno andaluz se compromete a responder a cada una de las propuestas, explicando si se incluye o no en el Pacto por Andalucía. Las propuestas se trasladarán tanto a los partidos políticos como a las Consejerías a las que afectan. Porque con esta web también se quiere pulsar el sentir ciudadano para incluir sus opiniones en la tarea de gobierno.

Formato erróneo

El formato elegido por Mariano Rajoy en su comparecencia por los papeles de Bárcenas ha generado un intenso debate y un inmenso malestar no sólo en el seno de la profesión periodística, sino en toda la sociedad española. Refugiarse en un discurso leído ante los suyos y huir del escrutinio de los periodistas como mediadores socialmente legitimados para hacer efectivo el derecho constitucional a la información se puede calificar, como mínimo, de error. Un asunto de tanta trascendencia y gravedad requería de luz y taquígrafos y no sólo de una alocución. Organizaciones de periodistas de forma colegiada y una legión de profesionales a título particular han criticado “la falta de respeto” a su trabajo y la ausencia de la transparencia exigible en las sociedades democráticas. Los medios de comunicación han lamentado este recorte de sus atribuciones profesionales, incluso algunos medios optaron por no enviar a reporteros a la sede del PP, y las redes sociales han echado humo contra los dirigentes del PP. Este episodio, en cambio, ha alimentado la creatividad de los humoristas gráficos. Os dejo una selección de la mejores viñetas que se han viralizado estos últimos días por la red.

Los papeles de Bárcenas según Forges

Después de los últimos acontecimientos, es ya imprescindible y urgente una ley de transparencia TOTAL. Hay que poner todos los mecanismos para que la sociedad pueda confiar en sus instituciones y que los ciudadanos puedan controlar a sus representantes.

Viñeta.- Forges, en El País.

El PP es un frontón

Todo lo que rechazó ayer el PP en el Congreso de los Diputados, recopilado por Juan Miguel Garrido (@Juanmi_News). Lo de la transPParencia que algún periódico conservador ensalzaba en una portada es un camelo. Usa su mayoría absoluta como un frontón, es pura opacidad.

Vendaval en el PP

Hemos superado la ciclogénesis que ha azotado a España durante el fin de semana pero todavía sigue muy activo el vendaval en el seno del PP después de los 22 millones que su ex tesorero tenía en Suiza y el presunto pago de sobresueldos en contabilidad B a altos cargos de esta formación durante más de veinte años. Asuntos que hay que ventilar sin poner en ventilador. La sociedad exige transparencia y explicaciones convincentes. Muchos voceros de la derecha nos han estado bombardeando desde que estalló la crisis con que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Con esa cantinela, han impuesto recortes, bajadas de sueldos, una reforma laboral lesiva, han cercenado democracia, han puesto en solfa los servicios públicos… Si es verdad lo que publican los medios de comunicación, indigna que los que están con las tijeras en la mano tengan un extra sustancioso y además en dinero negro no declarado a Hacienda. Parece que en la sede nacional pepera de la calle Génova se han dado cuenta de que ante este peliagudo asunto no se puede mirar hacia otra parte. Está en juego muchas cosas: el prestigio de la política, en general, y del PP, en particular. Aquí no caben ni parches ni componendas.

Viñeta.- Peridis, en El País.

Libertad de información

Los medios de comunicación juegan un papel esencial en las sociedades democráticas. Cuando se recorta o se limita el ejercicio del periodismo, se achica la democracia. Hago estas consideraciones al hilo de la detención de una reportera gráfica de La Sexta, Ana García, mientras grababa en Sevilla una protesta contra los desahucios. Lo que nunca puede quedar en tela de juicio es la libertad de información. Los periodistas tienen que estar donde pasa la noticia y poder contarlo. Le guste o no a los poderes públicos. Los medios ejercer la función social de mediar entre las instituciones y los ciudadanos. Limitar esa posibilidad supone un retroceso democrático intolerable. Cuando se impone la censura, se coarta la transparencia y la verdad.

PD.- La Sexta me ha ofrecido la posibilidad de valorar este desagradable episodio y me he manifestado en estos términos: ver vídeo.

Mordaza a la sociedad

La derecha siempre ha tenido la mano dura y aversión a la transparencia. Este ADN reaccionario explica la intención del Ministerio del Interior que dirige Jorge Fernández Díaz de penalizar a los que tomen imágenes de los policías en el ejercicio de sus funciones. En estos tiempos las tecnologías permiten la transmisión de contenidos audiovisuales a la velocidad de la luz. El Gobierno de Rajoy pretende poner coto a la difusión de excesos policiales como los vividos al calor de movilización del 25-S. Un paso más en su cruzada de recortes de libertades públicas. ¿Qué tiene de malo que se conozca la verdad? Sólo el escarnio público por eventual desproporción en el uso de la fuerza.

La Constitución consagra el derecho a la información. En el artículo 20 apartado 1d se reconoce el derecho ciudadano “a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión“. Por tanto, si la información es veraz nada ha de impedir su difusión. La medida que estudia el gabinete de Rajoy tiene visos de inconstitucionalidad. Las asociaciones profesionales de jueces no ven base jurídica para la reforma y expertos en derecho la consideran incluso una barbaridad dictatorial. Al Partido Popular desea volver a los tiempos de oscurantismo y represión. Para ello no tienen el más mínimo reparo en colocar una mordaza a la ciudadanía para coartar su libertad de expresión. Nostalgia de los tiempos de censura.