Condiciones

Esta viñeta de Erlich refleja el estado de ánimo y de indignación de la inmensa mayoría de ciudadanos que ven que mientras nos quitan las conquistas y los servicios públicos que hacen posible (o mejor hacían posible) el estado del bienestar, otros hacen el agosto en estas aguas revueltas. Se toman decisiones que nadie entiende y que son difíciles de justificar con la cantinela de los mercados. Hoy está la troika (el poder no democrático que marca nuestras vidas formados por miembros de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional) para analizar el cumplimiento de las condiciones del rescate de los bancos concedido a España, nada más y nada menos que 40.000 millones de euros, y hay una mano negra interesada en desviar la atención hacia el decreto sobre la función social de la vivienda puesto en marcha en Andalucía. Nos quieren hacer creer que el rescate está en juego por la iniciativa andaluza, que antepone a las personas que sufren el drama de los desahucios. Nos pretenden colar que la troika viene a España sobre por el decreto progresista puesto en marcha por esta comunidad cuando lo mollar es el grueso de dinero destinado al sistema financiero. Lo que sí hemos descubierto es que el rescate de los bancos tiene condiciones, que Rajoy ocultó su existencia en aquella rueda de prensa forzada por el clamor popular minutos antes de irse a ver un partido de la selección española de fútbol a Polonia. Andalucía ofrece diálogo y colaboración para explicarles hasta el último detalle de esta normativa tanto a la UE como el Gobierno de la nación… Pero que no nos vengan con milongas.

¿Sí o no?

Enrocarse suele ser contraproducente en política. Dar la cara y tomar al toro por los cuernos evita muchos problemas. Retrasar una respuesta te aboca a estar prisionero de una deuda de transparencia ante la ciudadanía y al escrutinio constante de los medios de comunicación, como instrumentos socialmente legitimados para ejercer la mediación entre representantes y representados. El presidente temporal del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido, se encuentra en una de esas tesituras, tiene una pregunta pendiente de responder desde el pleno del Parlamento de esta semana. Bien puede esperar a que pase la tormenta o dar un paso al frente con valentía.

El presidente de la Junta lo retó a hacer públicas sus declaraciones de la renta y a aclarar si ha cobrado alguna vez sobresueldos, si es así cómo se han financiado y si los ha declarado a Hacienda. El envite de Pepe Griñán, que tiene sus declaraciones de los últimos cinco años colgadas en su web, dejó congelado al jefe de la oposición. Desde entonces no ha abierto la boca. Sus colaboradores se han limitado a transmitir a los periodistas que “no vamos a hacer absolutamente nada que ordene el señor Griñán”. Un día después otro dirigente del PP, el diputado Jaime Raynaud, se iba por las ramas y se defendía diciendo que la renta de Zoido “está en el Parlamento y ha estimado que si es pública o no es una “decisión” de la Cámara. Hombre, no, es pública en el mismo momento que el señalado tenga a bien hacer un ejercicio de transparencia, que no está prohibido actuar con luz y taquígrafos en política.

¿Para qué tantos remilgos en el PP? Con lo fácil que sería decir “SÍ” o “NO”. Muchos de los dirigentes han reconocido en las últimas fechas que han cobrado sobresueldos, además de su salario público, entre otros, Javier Arenas. Claro, que en ese caso se debe haber cumplido con las obligaciones con el fisco. Si por el contrario se contesta que no, y se dice la verdad, pues asunto zanjado y a otra cosa, mariposa. Lo peligroso sería decir que nunca se ha recibido unos ingresos extras del partido y luego se demostrara lo contrario. Se ha preferido tirar por la calle de en medio, la de ambigüedad y callada por respuesta. La ausencia de un desmentido taxativo e inmediato hace aumentar la sospecha y retroalimenta el rumor de que algo se oculta. En fin, con el tiempo se descubre (casi) todo.

Que se lo pregunten a Arenas, que en 2011 después de mucho marear la perdiz tuvo que hacer públicos sus ingresos presionado por la opinión pública tras la iniciativa de Griñán de poner su declaración del IPRF sobre la mesa. Públicos del todo no porque el entonces líder del PP andaluz se refugió en un acta notarial en la que admitía emolumentos (con gastos de representación incluidos abonados por el PP) de 143.000 euros anuales, aunque se le olvidaron las dietas del Senado, con lo que su salario anual rondaba entonces los 180.000 euros. Los que piden apretarse el cinturón y no paran de recordarnos que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades no son para nada un ejemplo de moderación retributiva.

Las dos caras de Zoido

El compañero Juan Félix Camacho difundía en Twitter una joya de la incongruencia del PP andaluz  y de su jefe temporal de filas, Juan Ignacio Zoido (un trabajo gráfico realizado por Daniel González @rojosevillano). El dirigente pepero compagina mal los dos cargos que desempeña a tiempo parcial.  Su labor de oposición (para ser líder hace falta mucho más) le roba tiempo para ocuparse de su puesto preferido, que no es otro que la Alcaldía de Sevilla. Y se le nota en exceso: es notoria su desgana para los asuntos de ámbito regional. Como dice el refrán, no se puede estar a la vez en misa y repicando. Por eso, para tener políticos dedicados full time y responder a la máxima de ‘una persona, un cargo’ (también defendida antaño por Javier Arenas, ahora no), se aprobó a propuesta del PSOE una reforma de la ley electoral andaluza para hacer incompatible la tarea de diputado autonómico con la de regidor o presidente de Diputación, norma recurrida por el Gobierno de Rajoy ante el Constitucional para salvar a muchos de sus parlamentarios que hacen doblete.

Pero si ya la dedicación es mejorable, el discurso de Zoido presenta lagunas, inconsistencia y contradicciones. El alcalde sevillano puede decir una cosa y la contraria sin despeinarse. El ejemplo tuitero deja a las claras su doble rasero: critica el decreto contra la exclusión social para atender a los que peor lo están pasando como consecuencia de la crisis al tiempo que se jacta de dar una subvención a una orden religiosa para comedores sociales. A ver si lo que le pasa es que tiene pelusa porque no se le ocurrió a él o es porque el decreto de la Junta trasciende con mucho la estructuras de la beneficencia religiosa. Visto lo visto, Zoido confunde conceptos: la propuesta del Gobierno andaluz se pone en marcha no por caridad sino por justicia social. No es una cuestión de matiz, sino de fondo. La posición en estos asuntos de muchos dirigentes del PP está desfasada, ignoran los derechos que consagra nuestra Constitución.

Un año como espejo

El Gobierno de Andalucía, surgido de las últimas elecciones autonómicas, cumple hoy su primer año. Ha sido un periodo difícil, complicado, en el que esta tierra se ha manifestado como referente de que existe otra forma para salir de la crisis. El Gobierno andaluz, de coalición entre PSOE e IU, ha sabido llevar la iniciativa y tomar decisiones con valentía, con audacia, de forma pionera, dentro de las limitaciones presupuestarias, lo que el presidente Griñán ha definido como la “dictadura de la austeridad”. En esta comunidad se ha situado en el centro de la acción política a las personas. Es decir, se ha priorizado la lucha contra el desempleo, la protección de las personas en riesgo de exclusión y la defensa de los servicios públicos y los derechos ciudadanos. Para ello, la Junta ha trazado un camino propio y ha sido capaz de poner un muro de contención ante los recortes y la insensibilidad del Gobierno de la nación.

El Ejecutivo que preside Griñán no se ha resignado, ha dado la cara (no se ha escondido detrás de un plasma), está cumpliendo lo que prometió, ha gestionado a través del diálogo y el pacto y no se ha doblegado ante las presiones de los poderes fácticos. El contexto socioeconómico es duro, con una tasa de paro insoportable cuando antes de la crisis se alcanzaba los mejores indicadores de empleo de nuestra historia, y por tanto no se da por satisfecho. Pero en lugar de bajar los brazos, como hacen otros,  se ha rebelado contra el pensamiento único neoliberal y se moviliza por demostrar que es posible otra política radicalmente distinta a la que marca el fundamentalismo de los mercados.

Deudores vulnerables

El Gobierno de Andalucía aprobará en las próximas fechas un decreto para combatir la exclusión social. Una norma que se plantea en una triple dirección: generar empleo a través de los ayuntamientos, una partida para solidaridad alimentaria (garantizar tres comidas a los niños y a los ancianos de familias con dificultades) y acelerar la respuesta para la concesión de la renta básica de subsistencia. En paralelo a este pionero y necesario proyecto, a punto de ver la luz, el presidente Griñán está impulsando ya otra reforma legislativa novedosa y de calado social: la protección de los deudores vulnerables, con medidas como el incremento del mínimo inembargable del salario y de una quita para las deudas de los autónomos y los pequeños y medianos empresarios.

Esta iniciativa va dirigida a asalariados, pymes y autónomos que, en cumplimiento de sus obligaciones de pago, se vean en riesgo de exclusión social o no puedan reanudar su actividad profesional. Se trata de garantizar una renta vital digna a ciudadanos sometidos a un proceso de embargo, elevando el mínimo inembargable. Este mínimo sería el salario mínimo profesional, estipulado en 645,30 euros mensuales. En el caso de las ejecuciones hipotecarias, el suelo es de 961 euros.

Para pymes y autónomos que no puedan hacer frente a sus deudas, una vez ejecutado y liquidado el patrimonio embargable, las deudas quedarían saldadas y la actividad profesional o empresarial pueda continuar desde cero. También se plantea que la ley concursal obligue a que el pago de salarios atrasados o de indemnizaciones por despido tenga prioridad y a mayor protección de los usuarios ante los productos financieros después de los abusos en preferentes e hipotecas.

La iniciativa anunciada por el presidente Griñán es una medida ambiciosa, que transciende las competencias del Gobierno autonómico (afecta a la legislación civil, laboral y mercantil) y aspira a crear desde Andalucía un debate de dimensión nacional. Se pretende impulsar medidas que palíen los problemas que están padeciendo las clases medias y trabajadoras, que son las grandes damnificadas por los recortes impuestos por el Gobierno de Mariano Rajoy. Para combatir la desigualdad no bastan medidas asistenciales y que son necesarias nuevas fórmulas de actuación en el derecho privado. Andalucía vuelve a tomar la iniciativa y a situarse de nuevo en vanguardia.

Como elefante en cacharrería

La derecha (ya sea la rama política o la mediática) sale en tromba cada vez que la Junta de Andalucía demuestra que es posible hacer otras políticas. Su reacción siempre es destemplada y busca desprestigiar cualquier iniciativa que no entre en su ideario o los deje en evidencia. En los últimos días, se han revuelto primero contra el decreto que permite expropiar temporalmente pisos a los bancos para evitar desahucios y ahora contra la estrategia para combatir la exclusión social, que entre otras muchas medidas quiere garantizar que todos los niños en edad escolar puedan tener tres comidas diarias garantizadas. Dirigentes del Partido Popular se han despachado a gusto, entrando contra estas medidas como elefante en cacharrería. Que si son fuegos de artificio (José Antonio Monago, presidente extremeño) o que parece que viviéramos en Etiopía (Rafael Hernando, portavoz adjunto en el Congreso).

Un informe de Unicef apunta que el 5,6 por ciento de los niños se encuentra en el umbral de la extrema pobreza en España. El Gobierno andaluz no puede mirar a otro lado ante esta realidad y ha pasado a la ofensiva para paliar la situación de muchas familias. ¿Cuántos ciudadanos de clase media y trabajadora tienen que ir a los servicios sociales comunitarios o a los bancos de alimentos porque han perdido su trabajo? Los dirigentes del PP se inclinan por la crítica o el chiste fácil en lugar de ponerse en la piel de estas muchas personas que lo están pasando mal. La crisis está situando la pobreza en ámbitos distintos a los que estábamos acostumbrados y esta circunstancia exige respuestas contundentes y rápidas de las administraciones.

El Gobierno andaluz quiere hacer frente a la situación de emergencia social que viven muchas familias como consecuencia de una crisis que se prolonga durante cinco años y que está generalizando el drama del paro. Para ello, movilizará 100 millones de euros para generar empleo a través de los ayuntamientos, se aprobará una renta básica para las familias en riesgo de exclusión y se pondrá en marcha un programa de solidaridad alimentaria.

Pacto por la cultura

La cultura es una de las señas de identidad de Andalucía. Hay talento y creatividad a raudales en esta tierra. Todo este caudal se ha de encauzar hacia la generación de empleo y riqueza. La cultura se ha de convertir en un fuerte motor económico. Con este objetivo, la Junta Andalucía ha impulsado y consensuado un Pacto por la Cultura con todo el sector, desde el cine y las artes escénicas a las plásticas, pasando por la música, el flamenco, la literatura, el libro, el circo, el cómic o el periodismo. En Andalucía unas 120.000 personas trabajan en más de 40.000 industrias culturales generando un 3% de su Producto Interior Bruto. Este pacto se ha de traducir en una mejora de la competitividad y la innovación de los creadores andaluces gracias a su conexión con los parques tecnológicos y las universidades.

La cultura, por tanto, es gran oportunidad para combatir la crisis. Y sobre todo porque es un terreno en el que somos fuertes y punteros. El Gobierno de Pepe Griñán se compromete a que la cultura sea una prioridad política y social. En este sentido, el Pacto incluye una amplia batería de medidas concretas y de nuevas herramientas de apoyo al sector, entre las que destacan:

• Exigir al Gobierno de la nación la reducción del IVA cultural para facilitar el consumo cultural y proteger a un sector duramente atacado por los recortes de la derecha. La cultura no es un artículo de lujo, sino la base de toda sociedad avanzada.

• La creación de una nueva Ley de Mecenazgo andaluza que contempla incentivos fiscales para los artistas que donen sus obras a museos públicos o la microfinanciación a la industria cultural y entidades sin ánimo de lucro.

• La adaptación de la normativa de Propiedad Intelectual al nuevo contexto digital.

• La adaptación de la RTVA al nuevo modelo social, político y cultural de Andalucía.

• El avance hacia un Sistema de Economía de la Cultura para Andalucía. Una apuesta colectiva de desarrollo de un sector con perspectivas de crecimiento económico y proyección exterior, un fuerte potencial transformador y una amplia capacidad de adaptación tecnológica y social.

• Se crearán del Consejo Andaluz de la Cultura y un Registro Creativo que facilite la identificación de las industrias creativas, su acceso al mercado y la generación de sinergias.

• Se fomentará un marco estable de comunicación con los agentes culturales y creativos en el Sistema de Información Científica de Andalucía (SICA2).

• Se pondrá en marcha una red de Laboratorios de Creación cuyo máximo exponente será el Centro Andaluz de Creación Contemporánea (Córdoba), un espacio de referencia europeo donde se compartan talentos, se investigue, se produzca y transfiera conocimiento.

• Se identificarán nuevos itinerarios formativos que culminen en masters y posgrados adaptados a las nuevas demandas profesionales.

Tropezar dos veces en el mismo ladrillo

Tropezar de nuevo en la misma piedra. La futura Ley de Costas reduce a cien a veinte metros la franja litoral de protección. Parece que el Partido Popular no ha aprendido la lección y ha olvidado las dramáticas consecuencias de la burbuja inmobiliaria. En 1998 el Gobierno de Aznar reguló que todo el suelo era urbanizable, unos polvos que nos trajeron los lodos de la especulación, la carestía de la vivienda y un estallido de la burbuja que ha hecho más profunda y prolongada la crisis española. Ahora, el Ejecutivo de Mariano Rajoy vuelve a la carga con el ladrillo y legisla sin acordarse de los errores de un pasado tan cercano que todavía es presente.

Una cosa es recuperar la construcción, que se ha hundido y su aportación al PIB en España es inferior a la media europea, y otra avanzar hacia un modelo regresivo que amenaza el medio ambiente y ha destrozado muchas de nuestras riquezas naturales. El PP quiere reabrir la costa al ladrillo. Así lo manifesté en la rueda de prensa de la semana pasada tras el Consejo de Gobierno de Andalucía. En su editorial de hoy, El País da un paso más en esta línea y expresa su preocupación por “el cortoplacismo de esta reforma y la ceguera que demuestran unos gobernantes empeñados en apostar por el mismo modelo de crecimiento que ha agravado la crisis“.

Además de esta relevante cuestión de fondo, el PP ha pretendido a través de sus enmiendas a la Ley de Costas neutralizar el plan de la Junta de Andalucía para evitar la saturación de los primeros quinientos metros de litoral aún no urbanizados. Con el mismo, se busca garantizar un desarrollo ordenado y sostenible de la franja costera andaluza y favorecer también una oferta turística basado en la calidad y el valor diferencial. El movimiento de los populares supone una respuesta ad hoc para confrontar con esta comunidad. Se ve con nitidez una estrategia de acción-reacción por parte del Gobierno de la nación. Se echa arena en el engranaje para que no se note que se puede hacer política de otra forma.

Viñeta.- Ramón, en El País.

Como en Europa

La derecha ha salido en tromba contra el decreto de la Junta de Andalucía sobre la función social de la vivienda. El Gobierno de Mariano Rajoy expresa dudas sobre su constitucionalidad (veremos si recurren la norma finalmente), la prensa altavoz se dedica a airear el patrimonio inmobiliario de los miembros del ejecutivo que preside Pepe Griñán o de los diputados de IU para intentar desprestigiar la decisión, los columnistas de la fiel infantería, que diría José María Izquierdo, echan espumarajos de rabia contra los izquierdistas peligrosos… Sin duda, la derecha se ha puesto nerviosa y está respondiendo con muchos aspavientos, como si de un animal acorralado se tratara. En su afán de desinformar y no hacer nada contundente y efectivo contra el drama social de los desahucios, el ala conservadora de este país se ha puesto a fabular: circunscribe esta medida (expropiación forzosa a bancos y grandes inmobiliarias durante tres años mediante abono del 2% del justiprecio a las viviendas de aquellas personas que vayan a ser desahuciadas y sea su residencia habitual y única, en resumidas cuentas un arrendamiento forzoso por tres años) a países totalitarios y a un radicalismo propio de Hugo Chávez, ignorando deliberadamente lo que ocurre en las democracias europeas. La legislación comparada deja a estos enrabietados propagandistas a la altura del betún y demuestra que el rechazo del decreto andaluz no es una cuestión de legalidad, sino de ideología. El repaso de la legislación comparada (recopilada por eldiario.es) sitúa a Andalucía en la normalidad de lo que acontece en los países de nuestro entorno comunitario:

HOLANDA
Es quizá el país más beligerante contra este problema, donde es legal incluso la ocupación de viviendas que hayan estado vacías más de un año. La vivienda sólo se le devuelve al propietario si demuestra que no volverá a estar vacía (puede ponerla en venta o alquiler). Las ayudas para que las familias puedan hacer frente al pago de los alquileres, se acompañan de otras para que los propietarios puedan rehabilitarlas.

ALEMANIA
Los propietarios pueden ser obligados a la rehabilitación y, frente al incumplimiento, se contemplan multas, expropiación temporal y alquiler forzoso. Incluso expropiación definitiva. En municipios con más del 10% de viviendas vacías, la Administración procede a demoliciones.

SUECIA
Los consistorios ofertan viviendas en alquiler más baratas para combatir las desocupadas. En casos extremos, se pueden demoler edificios enteros de viviendas vacías.

DINAMARCA
Este país se centra en las sanciones pero, eso sí, con un margen de tiempo mínimo. Basta con que los propietarios de viviendas las mantengan desocupadas seis semanas, en virtud de una legislación en vigor desde hace más de cinco décadas. La multa se puede imponer simplemente por no informar al Consistorio de que la vivienda lleva más de seis semanas vacía.

FRANCIA
Su Ley de Solidaridad y Renovación Urbana (SRU) impone, desde hace un lustro, tasas a los propietarios de viviendas -sólo personas jurídicas- que se encuentren desocupadas durante más de dos meses en aglomeraciones con unas ciertas características. Las tasas son progresivas según el periodo de desocupación. También está previsto que las viviendas vacías durante más de 18 meses puedan ser requisadas durante un periodo máximo de seis años, extensible a 12 si es necesario realizar obras de rehabilitación.

REINO UNIDO
Contempla la incautación, tanto para personas jurídicas como físicas, si han estado vacías al menos seis meses, mediante leyes que, según cada país integrante, han sido aprobadas entre 2001 y 2004. Igualmente, los Gobiernos locales están obligados a publicar anualmente un informe sobre su parque de viviendas vacías y medidas para contrarrestarlo (en lo que se conoce como Best Value Perfomance Indicator). Desde 2007, además, hay medidas fiscales contra el fenómeno. Existe incluso una Empty Homes Agency (agencia estatal de la vivienda vacía) que lucha contra esta situación. Se contemplan subvenciones para la rehabilitación de viviendas vacías y su salida al mercado o adquisición pública para alquileres sociales.

ITALIA
Prevé la penalización fiscal que imponen los Consistorios a las viviendas vacías y por un importe del 9 por mil del valor catastral.

Foto.- El presidente de la Junta, Pepe Griñán, y la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés.

Cifuentes vs Verstrynge

¿Guarda alguna relación este encontronazo entre la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, y Jorge Verstrynge, el ex político de Alianza Popular, con la multa de 1.500 euros que ha recibido éste último por participar en el ‘escrache’ ante el domicilio de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría? Se congregaron 600 personas y la Delegación del Gobierno ha penalizado a 30, siendo Verstrynge uno de los que ha recibido una mayor sanción. El rifirrafe entre la invitada y el contertulio de ‘El cascabel al gato’, de 13TV, comienza a partir del minuto 14.

No me gustan los ‘escraches’, se ha de respetar el hogar de los cargos públicos y, muy  especialmente, a sus hijos. Prefiero los decretos como el que ha aprobado esta semana la Junta de Andalucía para dar una solución al drama de los desahucios y garantizar la función social de la vivienda. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca realiza una importante labor social y ha puesto el dedo en la llaga en uno de los principales problemas que aquejan a los ciudadanos como consecuencia de la prolongada crisis y las insoportables cifras del desempleo. No comparto los escraches, pero tampoco la coerción con multas desorbitadas para meter miedo y que el ciudadano no se atreva a protestar ante las injusticias. Urge que el PP tome conciencia de una reforma de la ley hipotecaria que resuelva la tragedia que padecen decenas de miles de españoles y no se dedique sólo a asustar al discrepante.