José Ignacio Wert ha consumado su amenaza y el Consejo de Ministros aprobó ayer a las bravas la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Ya tenemos sobre la mesa una contrarreforma educativa en toda regla. La lleva adelante contra viento y marea, con el rechazo total de la comunidad educativa y el único aval de la Conferencia Episcopal. La futura ley nos devuelve a los tiempos de la dictadura, con la religión evaluable, computando para la nota media y para la consecución de becas, y recupera las tres reválidas, que buscan la segregación temprana de escolares. Con este proyecto, el Gobierno de Mariano Rajoy quiebra la igualdad de oportunidades y establece un modelo educativo que supondrá una carrera obstáculos para los alumnos de las familias con menos recursos económicos. Los que pertenezcan a linajes con posibles tendrán la oportunidad de seguir en el ámbito privado aunque sus capacidades sean limitadas. Por cierto, la reforma contempla la desamortización de la escuela pública para dar cuotas de mercado al negocio privado y da cobertura a la escuela diferenciada (los niños con los niños y las niñas con las niñas) pese a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que considera que este tipo de centros es contrario a la igualdad que propugna la Constitución española.

Para desviar la atención sobre lo mollar de esta ley, que es la agresión a la igualdad de oportunidades, nos deja dos polémicos señuelos: la religión evaluable y el debate del catalán en los centros de aquella comunidad (el Gobierno adelantará fondos a la escuela privada que ofrezca castellano y lo detraerá de los fondos para el mantenimiento de la pública y concertada). Sabedores que ambos asuntos, con profunda raíz ideológica, monopolizarán el debate y dejarán en un segundo plano el certificado de defunción expedido por el PP a lo público y a las garantías de que nadie con capacidad se quede fuera del sistema por carecer posibilidades económicas. La comunidad educativa anuncia movilizaciones contra este profundo retroceso. Sin embargo, los medios de comunicación ya han caído en la trampa de lo secundario, desenfocando la profunda injusticia que introduce la nueva norma.

Esta reforma educativa discrimina, consagra un modelo no equitativo y de dudosa constitucionalidad, nos aleja de Europa y nos retrotrae al nacionalcatolicismo sin tener en cuenta el carácter aconfesional del Estado. Es una demostración del autoritarismo y del rostro más radical de la derecha.

Hoy se celebra el Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género. Siguen haciendo falta campañas de sensibilización para asentar la tolerancia ante la persona que es diferente. Un estudio de la Fundación Triángulo realizado entre alumnos de ESO demuestra que queda camino por recorrer y que no hay que bajar la guardia para derrotar patologías sociales como la homofobia o la transfobia. Dos datos de este trabajo adelantado por El Correo de Andalucía: tres de cada diez adolescentes rechazan tener amigos gays y un 13% de los adolescentes que se declaran homosexuales afirma haber sido agredido por su orientación sexual.

Esta realidad preocupante no es exclusiva de Sevilla. Tiene un triste reflejo en nuestro entorno europeo. la mitad de los homosexuales europeos se han sentido acosados y un 80% ha oído burlas en el colegio dirigidas a personas en su misma situación. La mayor encuesta realizada en la UE, con un universo de 93.000 entrevistados en los 27 países miembros más Croacia, confirma que los prejuicios no han desaparecido. Basta con repasar el repunte de la violencia contra los gays que se ha vivido en Francia al calor de la legalización del matrimonio de personas del mismo sexo. España no sale muy mal parada en esta investigación sociológica de la Agencia para los Derechos Fundamentales. Está por debajo de la media europea. Los que más se han sentido discriminados durante los últimos doce meses son los gays de Lituania (61%), Croacia (60%) y Polonia (57). Sin embargo, son los de Chipre (97%), Grecia (96%) y Bulgaria y Reino Unido (95) los jóvenes que sufrieron comentarios o conductas negativas en el colegio o en el instituto.

Cada día nos llegan noticias que demuestran lo irracional cuando no cruel de los recortes en España. Una realidad que nos golpea y que nos produce estupefacción en unos casos e indignación en otros. Te deja perplejo que el considerado como el mejor físico joven europeo, Diego Martínez Santos, un lucense galardonado fuera de nuestras fronteras, no reciba una beca de investigación para su retorno a nuestro país por su “poca relevancia internacional”. Tampoco se entiende cómo dejamos escapar a la investigadora Nuria Martí Gutiérrez, despedida dentro de un ERE en el Instituto Príncipe Felipe de Valencia hace un par de años, y ahora salta a la palestra por formar parte del equipo de la Universidad de Oregón que ha conseguido clonar células made humanas. No deja de sorprender que se haya dejado de financiar un proyecto que, después  de 11 años, está a punto de conseguir un medicamento contra el alzheimer, un ejemplo más de la deshumanización de la dictadura de la austeridad. Si todo esto impacta, hay episodios que producen una rabia sin límites como el del senegalés que murió en Urgencias de un centro médico balear por no ser atendido o el de la joven hondureña (ver vídeo) que estaba siendo tratada de un problema neurológico y que, cuando la gerencia del hospital valenciano descubrió que carecía de papeles, le dio el alta forzosa y la devolvió a su casa con el cráneo abierto y el cerebro a la vista, sin importarle el grave peligro que corre su vida. Casos como éstos producen un dolor incontenible.

El periodista Ernesto Ekaizer ha publicado un libro con un título claro y directo:  El caso Bárcenas. Un volumen que ya está en las librerías y que promete revelaciones interesantes. Según el reportero, si el ex tesorero del PP “tirara de la manta caería el Gobierno de España”. Jugoso argumento para empezar cuanto antes su lectura. Para ir haciendo boca, os dejo la entrevista que concedió el pasado lunes a El Intermedio.

Me han contado esta mañana una demostración de fuerza de un empresario blandiendo la reforma laboral que me ha puesto los pelos como escarpias. El patrón (o negrero) le exige a un trabajador que firme un documento admitiendo que se ha tomado las vacaciones sin haberlas disfrutado, ni siquiera se las abona, y a las pocas semanas lo pone de patitas en la calle aduciendo reducción de ingresos. A estos abusos están sometidos los trabajadores desde que el Gobierno del PP aprobó una reforma laboral que los ha dejado a la intemperie, con el despido casi gratuito y que ha destrozado el equilibrio de las relaciones laborales en beneficio del empresario. Me entero de este triste episodio el mismo día que todos los periódicos recogen la satisfacción de Mariano Rajoy por los resultados que está dando la reforma laboral. Los datos no soportan este triunfalismo del inquilino de la Moncloa: desde que entró en vigor la norma, hay más de un millón de parados más y varios millones de trabajadores españoles están en riesgo de perder la protección de su convenio colectivo. Eso sin contar otros derechos arrebatados y la espada de Damocles que se cierne contra el obrero que ose alzar la voz ante las injusticias y los abusos. Escuchando a Rajoy da, por tanto, la sensación de que vive en una burbuja o en otro planeta. Esa autocomplacencia llega a ofender.

Hace un par de semanas, seguí atónito esta entrevista al secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) emitida en El Intermedio. José Manuel Sánchez Fornet lanza fuertes acusaciones hacia el Partido Popular por el uso que ha estado haciendo del caso Faisán, un supuesto soplo a terroristas de ETA del que la Audiencia Nacional no ve indicios, y del fiscal general del Estado dice que “es políticamente un cobarde y moralmente un miserable”. No añado más. Los poco más de ocho minutos de grabación ofrecen datos espeluznantes y desmontan muchas patrañas vertidas en clave electoralista por dirigentes del PP y sus altavoces mediáticos.

ÁBRETE SEXO
Ana Istarú

Ábrete sexo
como una flor que accede,
descorre las aldabas de tu ermita,
deja escapar
al nadador transido,
desiste, no retengas
sus frágiles cabriolas,
ábrete con arrojo,
como un balcón que emerge
y ostenta sobre el aire sus geranios.
Desenfunda,
oh poza de penumbra, tu misterio.
No detengas su viaje al navegante.
No importa que su adiós
te hiera como cierzo,
como rayo de hielo que en la pelvis
aloja sus astillas.
Ábrete sexo,
hazte cascada,
olvida tu tristeza.
Deja partir al niño
que vive en tu entresueño.
Abre gallardamente
tus cálidas compuertas
a este copo de mieles,
a este animal que tiembla
como un jirón de viento,
a este fruto rugoso
que va a hundirse en la luz con arrebato,
a buscar como un ciervo con los ojos cerrados
los pezones del aire, los dos senos del día.

Enrocarse suele ser contraproducente en política. Dar la cara y tomar al toro por los cuernos evita muchos problemas. Retrasar una respuesta te aboca a estar prisionero de una deuda de transparencia ante la ciudadanía y al escrutinio constante de los medios de comunicación, como instrumentos socialmente legitimados para ejercer la mediación entre representantes y representados. El presidente temporal del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido, se encuentra en una de esas tesituras, tiene una pregunta pendiente de responder desde el pleno del Parlamento de esta semana. Bien puede esperar a que pase la tormenta o dar un paso al frente con valentía.

El presidente de la Junta lo retó a hacer públicas sus declaraciones de la renta y a aclarar si ha cobrado alguna vez sobresueldos, si es así cómo se han financiado y si los ha declarado a Hacienda. El envite de Pepe Griñán, que tiene sus declaraciones de los últimos cinco años colgadas en su web, dejó congelado al jefe de la oposición. Desde entonces no ha abierto la boca. Sus colaboradores se han limitado a transmitir a los periodistas que “no vamos a hacer absolutamente nada que ordene el señor Griñán”. Un día después otro dirigente del PP, el diputado Jaime Raynaud, se iba por las ramas y se defendía diciendo que la renta de Zoido “está en el Parlamento y ha estimado que si es pública o no es una “decisión” de la Cámara. Hombre, no, es pública en el mismo momento que el señalado tenga a bien hacer un ejercicio de transparencia, que no está prohibido actuar con luz y taquígrafos en política.

¿Para qué tantos remilgos en el PP? Con lo fácil que sería decir “SÍ” o “NO”. Muchos de los dirigentes han reconocido en las últimas fechas que han cobrado sobresueldos, además de su salario público, entre otros, Javier Arenas. Claro, que en ese caso se debe haber cumplido con las obligaciones con el fisco. Si por el contrario se contesta que no, y se dice la verdad, pues asunto zanjado y a otra cosa, mariposa. Lo peligroso sería decir que nunca se ha recibido unos ingresos extras del partido y luego se demostrara lo contrario. Se ha preferido tirar por la calle de en medio, la de ambigüedad y callada por respuesta. La ausencia de un desmentido taxativo e inmediato hace aumentar la sospecha y retroalimenta el rumor de que algo se oculta. En fin, con el tiempo se descubre (casi) todo.

Que se lo pregunten a Arenas, que en 2011 después de mucho marear la perdiz tuvo que hacer públicos sus ingresos presionado por la opinión pública tras la iniciativa de Griñán de poner su declaración del IPRF sobre la mesa. Públicos del todo no porque el entonces líder del PP andaluz se refugió en un acta notarial en la que admitía emolumentos (con gastos de representación incluidos abonados por el PP) de 143.000 euros anuales, aunque se le olvidaron las dietas del Senado, con lo que su salario anual rondaba entonces los 180.000 euros. Los que piden apretarse el cinturón y no paran de recordarnos que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades no son para nada un ejemplo de moderación retributiva.

El compañero Juan Félix Camacho difundía en Twitter una joya de la incongruencia del PP andaluz  y de su jefe temporal de filas, Juan Ignacio Zoido (un trabajo gráfico realizado por Daniel González @rojosevillano). El dirigente pepero compagina mal los dos cargos que desempeña a tiempo parcial.  Su labor de oposición (para ser líder hace falta mucho más) le roba tiempo para ocuparse de su puesto preferido, que no es otro que la Alcaldía de Sevilla. Y se le nota en exceso: es notoria su desgana para los asuntos de ámbito regional. Como dice el refrán, no se puede estar a la vez en misa y repicando. Por eso, para tener políticos dedicados full time y responder a la máxima de ‘una persona, un cargo’ (también defendida antaño por Javier Arenas, ahora no), se aprobó a propuesta del PSOE una reforma de la ley electoral andaluza para hacer incompatible la tarea de diputado autonómico con la de regidor o presidente de Diputación, norma recurrida por el Gobierno de Rajoy ante el Constitucional para salvar a muchos de sus parlamentarios que hacen doblete.

Pero si ya la dedicación es mejorable, el discurso de Zoido presenta lagunas, inconsistencia y contradicciones. El alcalde sevillano puede decir una cosa y la contraria sin despeinarse. El ejemplo tuitero deja a las claras su doble rasero: critica el decreto contra la exclusión social para atender a los que peor lo están pasando como consecuencia de la crisis al tiempo que se jacta de dar una subvención a una orden religiosa para comedores sociales. A ver si lo que le pasa es que tiene pelusa porque no se le ocurrió a él o es porque el decreto de la Junta trasciende con mucho la estructuras de la beneficencia religiosa. Visto lo visto, Zoido confunde conceptos: la propuesta del Gobierno andaluz se pone en marcha no por caridad sino por justicia social. No es una cuestión de matiz, sino de fondo. La posición en estos asuntos de muchos dirigentes del PP está desfasada, ignoran los derechos que consagra nuestra Constitución.

Mariano Rajoy acudió ayer al Parlamento y despachó el trámite con ínfulas de superioridad. El presidente se encastilló en sus posiciones, ratificó que no piensa abandonar la política económica que está empobreciendo a España y a los españoles (“no va a haber cambio de rumbo”) y despreció las ofertas de diálogo lanzada por la oposición en su conjunto (con Merkel se muestra más flexible, casi sumiso, no alza la voz). Vino a decir el político gallego que quien quiera que apoye sus reformas, ese eufemismo maldito que se emplea en el PP cuando se refiere a recortes y pérdida de derechos. Se desenvolvió sin humildad y haciendo gala de orgullo por estar haciendo lo que tenía que hacer pese a las dramáticas cifras de paro (1,2 millones más de españoles sin empleo desde que llegó a la Moncloa) y a las más que lúgubres previsiones de recuperación económica (el desempleo no bajará del 25% hasta 2017). Su paso por la Cámara baja nos mantiene en la foto fija que nos impone el poder financiero, Alemania y la burocracia de Bruselas: mantenimiento de la dictadura de la austeridad, demolición del estado del bienestar (siguiente estación: pensiones) y cerrazón ya no a pactar, ni siquiera a conversar con las demás fuerzas políticas cobijado en su cómoda mayoría absoluta. En resumen, una respuesta de Rajoy decepcionante y que no alumbra un horizonte de esperanza.