Ya está decidido. Habrá rescate del sector financiero español. El Gobierno de Rajoy se ha tenido que bajar del burro de una fingida dignidad patriótica y aceptará una inyección millonaria para tapar el agujero que ha generado la mala gestión y la avaricia inmobiliaria en algunos bancos y cajas. Siendo justos, ese mantra de la buena salud del sistema financiero viene de la etapa anterior. El castillo de naipes se ha desplomado y supondrá una aportación por parte de la Unión Europea de unos 40.000 millones de euros. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ya ha deslizado esa cifra, que queda a expensas de las conclusiones de las dos auditoras privadas para establecer ese óbolo definitivo a las entidades financieras en riesgo. La cuantía final será, nada más y nada menos, dos veces el fiasco de Bankia.

Con dinero público se intenta salvar la deuda privada de bancos y cajas. Básicamente, estamos socializando las pérdidas del sector financiero. El pensamiento único neoliberal, guiado por Berlín y Bruselas, dirige una cruzada contra la reducción del déficit público cuando el problema, desde siempre, ha sido el endeudamiento privado. En 2011 el déficit de todas las administraciones españolas fue de unos 80.000 millones y se nos imponen recortes brutales para alcanzar el objetivo fijado por la UE. Con lo que se va a inyectar ahora a bancos y cajas en apuros se podría haber evitado el ajuste en el gasto público y se podrían haber impulsado políticas de estímulo económico y crear empleo. Lo peor es que mientras que la inmensa mayoría hacemos sacrificios y nos ajustamos el cinturón hasta casi la asfixia, a las entidades que han gestionado mal se las premia con fondos públicos.

Y este desorbitado aporte de dinero de la UE que entrega a España para evitar el colapso del sector financiero y poner coto a la presión de los especuladores no será ni altruista ni gratuito, se nos prestará esta enorme cantidad con exigencias de más recortes que los burócratas de Bruselas (y los de aquí también) llamarán reformas. Por los mentideros ya circulan contrapartidas que irán a costa de nuestro estado del bienestar y nuestros derechos ciudadanos: aumento del IVA, adelanto de la entrada en vigor de la jubilación a los 67 años y reducción de las prestaciones por desempleo. De ser así, los de siempre pagaríamos los desafueros de las entidades financieras.

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