(In)justicia

agosto 30, 2011

La Justicia se comporta, a veces, de manera tozuda, inflexible e incomprensible para la inmensa mayoría. La ejemplaridad del tercer poder del Estado, en ocasiones, hace aguas y genera alarma social. No hace falta hacer un repaso de sus sonoras meteduras de pata. No sirve de nada regodearnos en los errores y realzar la imperfección del sistema. Hago esta reflexión después de conocer que el Tribunal Supremo no considera el Libro de Familia como documento público que acredite la convivencia de una pareja. A este rebuscado y peregrino argumento se agarra la sala del alto tribunal para denegar la pensión de viudedad a una mujer. Uno se queda de piedra cuando se recurre a argucias y vericuetos para negar la evidencia. La normativa vigente acompaña al sentido común. Las familias no responden ya al esquema clásico de hombre y mujer unidos en matrimonio para toda la vida, el abanico de posibilidades es amplio. A raíz de este fallo, que sienta jurisprudencia, uno se puede preguntar qué validez tienen entonces los documentos que emiten los registros civiles. Estoy convencido que, desde un punto de vista técnico, la sentencia del Supremo es intachable, pero la justicia no puede tener tapados los ojos a una realidad palpable y notoria: once años de cohabitación acreditada con un documento oficial.

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