Runrún de internautas

Me inquieta que algunas voces acreditadas en el universo progresista en Internet hayan acogido con dudas y decepción la propuesta del Gobierno de España, incluida dentro del anteproyecto de ley de economía sostenible, para regular la protección de los derechos de autor en la red. El texto final remitido a los órganos consultivos recoge que ningún sitio web podrá ser clausurado sin intervención judicial. En palabras del Ejecutivo, se establece un procedimiento ágil, eficaz y con las máximas garantías para los derechos fundamentales que pueden estar en conflicto, que son el derecho de propiedad intelectual, por un lado, y los derechos a la libertad de expresión y a la información, por otro.

Hace unas semanas, la red estalló cuando se conocieron los primeros extremos del proyecto y fue el propio presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien salió al paso para dejar claro que cualquier actuación para bloquear una web habría de contar con la autorización judicial. De acuerdo con el anteproyecto, se crea una Comisión de Propiedad Intelectual que, a quejas de los ciudadanos o de los afectados por la piratería, podrá investigar si se producen actos lesivos de la propiedad intelectual por descargas en alguna web. En el caso que se observe el uso con fines lucrativos de obras de terceros, la Comisión trasladará su dictamen al titular de la página, advirtiéndole de lo que ocurre, y posteriormente, si no se adoptase ningún tipo de medida para su subsanación, ponerlo en conocimiento del juez de la Audiencia Nacional, que tendrá cuatro días para fallar.

A priori, con estos exiguos datos y a falta de conocer con más detalle el texto, se podría entender que se concilian las demandas de una y otra parte en litigio. Sin embargo, los internautas han elevado enardecidas quejas con la redacción final de la futura norma. Un referente en el mundo digital como César Calderón, en su blog Netoratón 3.0, expresa su malestar con un post con título demoledor, Legislar sobre papel mojado, en el que advierte de la inoperancia de la medida legislativa frente a los corsarios de la red porque, en su opinión, los que hoy se aprovechan del ingenio y la creatividad de terceros serán los primeros en buscar nuevas plataformas para seguir con su negocio que vampiriza lo ajeno. Fernando Berlín, en su bitácora Radiocable.com, subraya que se persigue al menos culpable y se hace la vista gorda con el verdadero delincuente. César, Fernando y otros muchos ciberactivistas de corte progresista entienden que la mejor fórmula es que los autores se adapten su producto y su comercialización a la nueva realidad digital. Por si fuera poco, la entrevista de la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, el pasado viernes en Hora 25, de la Cadena Ser, concitó una dura crítica en Twitter y Facebook: los comentarios se centraron en el desconocimiento del medio.

Estas opiniones me convocan a la reflexión sobre si el camino emprendido es el correcto o si, por el contrario, la lucha para preservar la propiedad intelectual de las garras de los carroñeros de la red requiere fórmulas más imaginativas. Admito sugerencias porque algo hay que hacer para salvaguardar los derechos de los autores.

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