Doble moral en la red

La semana pasada se caldeó la red y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, despejó en primera persona todas las incógnitas de blogueros e internautas: no se va actuar contra ningún sitio que vulnere la propiedad intelectual sin intervención judicial. El PP se subió al carro de la demagogia a las primeras de cambio. A través de su vocero titular, Esteban González Pons, acusó al Gobierno de “reinventar la censura y el secuestro de publicaciones y que corta en grandísima manera la capacidad de circulación, es un ejemplo de lo poco que Zapatero y su Gobierno creen en los derechos civiles y en los derechos fundamentales“.

Otra vez la doble moral y la hipocresía por montera. Los hechos contradicen estas palabras. En 2002 el Gobierno de José María Aznar intentó instaurar en España la Ley General de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI), a través de la cual el Ministerio de Ciencia y Tecnología facultaba a una ambigua “autoridad competente” a clausurar páginas, precisamente, sin la intervención de los jueces. El PP alegó entonces que lo que intentaba era encontrar un mecanismo rápido para cerrar las web donde se refugiaban terroristas y pederastas, pero lo cierto era que el texto abría la puerta a la censura.  La Ley del PP no pudo llegar a buen puerto porque el Grupo socialista consiguió parar su tramitación y, además, obtuvo un amplio rechazo en la red.

La verdadera posición del PP quedó expresada de nuevo en el Parlamento europeo el 5 de mayo de 2009. Desgraciadamente para ellos, los votos de sus diputados y diputadas quedan registrados. En la llamada enmienda 138 al Paquete TELECOM, que preveía no restringir el uso de internet sin resolución judicial previa, ofreció todo un espectáculo de incoherencia. El texto de lo que se sometía a consideración de sus señorías era el siguiente:

“…aplicando el principio de que no cabe imponer restricción alguna a los derechos y libertades fundamentales de los usuarios finales sin una resolución previa de las autoridades judiciales, en particular de conformidad con el artículo 11 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en materia de libertad de expresión y de información, excepto cuando la seguridad pública se vea amenazada, en cuyo caso la resolución puede ser posterior”.

Así es como votaron los europarlamentarios españoles del PP:

En contra: Salvador Garriga Polledo, José Manuel García-Margallo y Salvador Sanz Palacio.

A favor: José Javier Pomés, Francisco José Millán Mon, Luis de Grandes y Florencio Luque Aguilar

Se abstuvieron: Alejo Vidal Quadras, Pilar del Castillo, José Ignacio Salafranca, Carlos Iturgáiz, Carmen Fraga, Fernando Fernández Martín, Agustín Díaz de Mera, Pilar Ayuso.

Todos los diputados socialistas españoles votaron a favor de la enmienda y, por tanto, de que sólo se pudiera imponer una limitación a Internet previa resolución judicial.

En la tramitación final del Paquete Telecom, es cierto que la mención a la “decisión judicial previa” ha desaparecido del texto por motivos jurídicos al sobrepasar las competencias comunitarias, pero el compromiso alcanzado en el Parlamento Europeo es incluso más amplio, ya que incluye las menciones al Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y a los principios generales del derecho comunitario.

Fue un gobierno de derechas, como el de Sarkozy en Francia, el que desató la polémica con la propuesta de crear una Alta Autoridad Administrativa (Hadopi) con competencias para instaurar el three strikes approach o ley de los tres avisos, mediante la cual tras tres advertencias por carta de la mencionada autoridad en los que avisara a los usuarios finales que se están descargando material protegido por los derechos de autor, pasaría a dar orden de corte del suministro de red a la operadora…. Muchos no saben que lo que está detrás de esto es el espionaje de los ciudadanos en la red, y el medio en que pretendían hacerlo es mediante el CD de instalación de servidores (Telefónica, Orange), de manera que el programa espía lo instalaríamos sin saberlo.

Esto se ha venido llamando también “policía de red”. Y el PP ya conoce la figura: era precisamente lo que intentaba poner en marcha en 2002 en España durante la tramitación de la LSSI. Obras son amores y no buenas razones. Cada cual es rehén de su comportamiento… ¡Qué historial tienen los populares!