Golfería

Cuando uno está acorralado, arremete contra todo y contra todos desde la irracionalidad o el simple instinto de supervivencia. El Partido Popular está sumido en el pozo de la corrupción. Por su mala cabeza o sus malas compañías, las aguas fecales han llegado hasta las puertas de la calle Génova. Un centenar de dirigentes del primer partido de la oposición tiene cuentas pendientes con la justicia. El caso de más enjundia, aunque no el único, es la trama Gurtel. Al verse sitiados por un problema de tanta envergadura, se han revuelto con la vieja y recurrente técnica del ventilador.

La plana mayor popular ha encargado a sus especialistas en cloacas buscar por tierra, mar o aire algo con que contraatacar a su principal adversario político, que no es otro que el PSOE. Les interesa fundamentalmente el fin, sin preocuparles que los medios sean o no honorables, lícitos o limpios. Se trata de calumniar y arrojar basura sin respeto a la verdad y la decencia para sembrar sombras de sospecha que tapen la gran mancha de corrupción que se extiende por la hoja de servicios de una fuerza política que, según Aznar, era incompatible con las corruptelas. El recurso al todo vale, el hecho de dejar la ética en el desván a pura conveniencia, tiene una denominación coloquial más clara y entendible: a eso se  le llama golfería… aquí y en Pekín, en política y en la vida.

Una de las piezas de esta ofensiva vehemente y desquiciada ha sido resucitar desde la manipulación el caso Mercasevilla. Un asunto turbio que llega a los tribunales por una denuncia de la propia Junta de Andalucía en el mes de febrero. La actuación de las administraciones gobernadas por los socialistas se define por la diligencia y la probidad: la Consejería de Empleo puso el asunto en manos de la Fiscalía nada más conocer un intento de cobro de comisiones por parte de dos altos funcionarios, el Ayuntamiento de Sevilla despidió a los dos listillos y el PSOE los dio de baja en el partido. A partir de ahí, a la justicia le corresponde dilucidar las responsabilidades penales de los interfectos y emitir sentencia. Desde el punto de vista político, reacción ejemplar con transparencia y prontitud, sin trampa ni cartón.

Ayer, dos barandas del PP (Estaban González Pons y Juan Ignacio Zoido) presentan en Madrid el caso como si fuera de nuevo cuño, con medias verdades, con omisión de datos fundamentales, con intención aviesa de desinformar. Por ejemplo, se soslaya que fue la propia Junta la que impulsó la vía judicial para depurar las responsabilidades penales de los dos funcionarios. No sólo se falseó la realidad o se reconstruyó a tenor de sus intereses, sino que González Pons, vicesecretario nacional de Comunicación del PP, acusó sin pruebas al PSOE de financiarse ilegalmente. El portavoz popular hace una imputación de un delito sin demostrar nada, entre otras razones porque no existe nada. Es una mentira como una catedral para elevar a categoría nacional un asunto local y encauzado desde la instrucción judicial. En lugar de maniobras de cara a la galería y de búsqueda del titular fácil, el PP debería presentar una querella en los tribunales, si entiende que hay materia punible. No lo hará por iniciativa propia, no les interesa que se conozca la verdad y se airee su catadura moral. Quién sabe si tendrán que dar cuentas ante un juez, empero, por injurias, calumnias e imputación falsa de un delito.

No hace falta ser un lince para entender que hay detrás de esta sucia jugada del PP. Quieren hacer ver a la opinión pública que todos somos iguales… Y no es así. En el PSOE, el que la hace la paga y se va fuera de la organización. En el PP, al que delinque o está encausado se le arropa y se le montan actos de desagravio. En el PSOE, tolerancia cero con la corrupción; en el PP vista gorda, maniobras de distracción y elevación a los altares de las pobres víctimas por martirologio. Ahí sí que se observan dos varas distintas de medir.

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