Censura selectiva en Twitter

Twitter está al rojo vivo. Sus usuarios (más de 1000 millones en el planeta) protestan ante el anuncio de implantar un régimen selectivo de censura. Los rectores de esta red social han colgado un escueto post en su blog corporativo para alertar de que borrarán las entradas que vulneren las leyes locales de un país. La decisión supone un atentado a la libertad de expresión y se enmarca en esa nueva corriente de pensamiento de recortes de libertades individuales nacida tras el 11-S. Desde los atentados de las torres gemelas de Nueva York se ha producido una deriva donde la seguridad se antepone a cualquier otro principio. La libertad, el bien más sagrado de un ser humano, está retrocediendo en la escala de valores universal. Esta ocurrencia de Twitter será muy celebrada por regímenes no democráticos y autoritarios. Es la coartada perfecta para silenciar sin problemas internacionales a la disidencia. Si se considera que a través de esta red social se comete o se hace apología de algún delito, para eso están los tribunales. ¿O es que también se piensan imponer restricciones a blogs, webs y otras formas de comunicación en  la red? ¿Y después se instaurará algún tipo de control previo a la actividad de los medios de comunicación? Esta iniciativa puede estar pensada desde la buena fe para combatir mensajes xenófobos, de exaltación del nazismo o el terrorismo. Mucho me temo que una vez abierta la espita algunos gobernantes no se resistirán a la tentación de recuperar la mordaza. El riesgo de involución nos acecha.

Mis razones para el Colegio de Periodistas

El Parlamento de Andalucía aprobó ayer por unanimidad la creación del Colegio de Periodistas de Andalucía. En nombre del Grupo Socialista defendí esta ley en la última sesión de la presente legislatura. Éstos fueron mis argumentos y mis razones expuestos desde la tribuna de oradores.

“Como andaluz pero sobre todo como periodista, expreso mi satisfacción por la ley que debatimos y que aprobaremos esta tarde. Esta ley pone el colofón a una legislatura con un fuerte impulso legislativo. Hasta 64 iniciativas legislativas se han aprobado en estos cuatro años, ésta ha sido por tanto una legislatura fecunda y muy beneficiosa para los andaluces.

Damos respuesta al clamor de un sector profesional que está sufriendo unas condiciones laborales que demandan una respuesta firme y comprometida. Y la creación del Colegio de Periodistas supone un avance decisivo en la solución a los muchos obstáculos que tienen que superar los hombres y mujeres que ejercen el periodismo para cumplir con su función social. Un avance decisivo para trabajar sin las penurias salariales y sin las presiones de las empresas editoras.

Nace el colegio en el último acto de legislatura. En un año en el que conmemoramos el bicentenario de la Constitución de 1812. Una carta magna en la que por primera vez se garantizaba y se dignificaba la libertad de información. Una coincidencia de gran valor simbólico.

La creación del colegio ha de servir para encauzar la deriva que se observa en el ejercicio del periodismo. Las asociaciones de la prensa tienen un insuficiente andamiaje jurídico en la defensa de los profesionales. El Colegio persigue reforzar las garantías profesionales, aportar más seguridad jurídica, un blindaje jurídico a los periodistas para poder cumplir el mandato constitucional y defender sus derechos laborales. Por tanto, el Colegio establece el marco para garantizar una información veraz y al servicio de la ciudadanía. No puede ser un instrumento de orientación corporativista sino en beneficio del interés general.

Esta ley contribuye a regular una profesión muy desregulada. La actual situación beneficia el afán de lucro e influencia de las empresas y perjudica a la sociedad y a los profesionales. Quiero hacer desde esta tribuna un alegato por la dignidad del periodismo y los periodistas.

Un alegato desde una perspectiva ética y deontológica. Que suponga romper la primacía de los intereses, muchas veces espurios, de los gestores de las empresas informativas, en menoscabo de la información veraz y la responsabilidad social. Más que nunca urge reclamar la autonomía de las redacciones frente a las presiones de los consejos de administración.

Un alegato contra condiciones sociolaborales denigrantes que sufren los periodistas. En las empresas periodísticas existen demasiados casos de explotación y abusos: titulados que cobran muy por debajo del salario mínimo interprofesional; colaboradores y becarios que hacen el trabajo de redactores de plantilla y se les da una retribución miserable; periodistas que trabajan sin contrato; jornadas laborales maratonianas; dificultades (e incluso amenazas) para la conciliación con la vida personal y familiar; etc.

La inspección de trabajo tiene mucha faena en los medios de comunicación para atajar estos comportamientos irregulares y que atentan contra el estatuto de los trabajadores. Sería ineludible que se pusiera mano a la obra. Algún medio quedaría como el alguacil alguacilado.

Esta situación de precariedad se agudizado con la crisis. Esta crisis económica ha golpeado con dureza al sector de la comunicación en general y al periodismo en particular. En términos relativos, el gremio periodístico es donde más paro se registra. Y donde más se ha cebado la crisis. Las empresas han aprovechado estos momentos de grandes turbulencias o para cerrar o para aliviar las plantillas. Varios miles de periodistas y de personal de los medios han engrosado las listas del INEM.

No se da sólo en los medios pequeños o de menor poder económico. También se conocen atajos de empresas consolidadas para mantener en situación de becarios a titulados con años de experiencia. Se han echado a periodistas contrastados y con experiencia por mileuristas dóciles. Se produce una ecuación perversa, menos medios es igual a menos pluralismo, más paro.

Se está llegando a ofertas de empleo que son una aberración: pagar 0,75 euros por 800 caracteres (medio folio), 2,50 euros por artículos de 250 palabras. El colmo de la desvergüenza es que se recurra al eufemismo de voluntarios para trabajar gratis. No es de extrañar que una asociación de la prensa, en concreto, la de Madrid haya puesto en marcha la campaña GRATIS NO TRABAJO ante este tipo de ofertas humillantes. Y no es la única iniciativa en este sentido.

Con este panorama sombrío, los editores han impuesto el miedo en muchas redacciones. No en todas, por suerte para los profesionales y los ciudadanos. No les interesan los periodistas de raza y con criterio sino aquéllos que acepten sin más sus consignas y además cobrando en muchos casos salarios de miseria.

Todo esto contribuye a un empobrecimiento del producto y al desprestigio de la profesión periodística. Unos profesionales mal pagados y con una gran inestabilidad laboral están más expuestos a las presiones y a perder la independencia.

El Colegio ha de velar por unas condiciones laborales dignas y ha de ser la salvaguarda de un código deontológico de la profesión. Un mayor nivel de competencia y de calidad en el quehacer periodístico redundará en beneficio del sector y también se prestará un mejor servicio a la ciudadanía. Una democracia es más plena cuanto mejor funcionan los medios de comunicación y más se garantiza la información veraz.

Como Martin Luther King, también tengo un sueño.

Un sueño que contempla un periodismo de calidad, crítico y con vocación cívica.

Un sueño que contempla unos medios de comunicación que cumplan su función social y dejen de anteponer sus intereses económicos e ideológicos en detrimento de la información veraz.

Un sueño donde se respetan los derechos de los periodistas como trabajadores.

Un sueño donde se existe un marco de relaciones laborales que dignifica a los profesionales y no los esclavice.

Un sueño donde el periodista recibe un salario digno, como reconoce la Constitución a todos los españoles.

Y para conseguir que este sueño sea realidad, el Colegio de Periodistas constituye el primer paso.”

Foto.- Federación Andaluza de Asociaciones de la Prensa.

El espejo de Portugal

Mariano Rajoy se mira con deleite en el espejo de los recortes de Portugal. Sostiene el presidente español (que no Pereira) que hará “algo parecido” que el gobierno de derechas en el país vecino. Pues habrá que agarrarse porque vienen curvas. Hace algo parecido a lo decidido por Passos Coelho consiste en subir el IVA, crear un impuesto equivalente al 50% de la paga de Navidad de los trabajadores, el dichoso copago (pagar por las atenciones sanitarias), reducir los días de vacaciones, el abaratamiento del despido (sólo 12 días por año trabajado), aumento de la jornada laboral en el sector privado y subidas brutales de la luz y el agua, entre otras agresiones al estado del bienestar y a las conquistas sociales. Rajoy nunca baja al terreno y se queda en las frases retóricas y ambiguas. Sigue amagando con reformas y no da el paso hasta que se celebren las elecciones andaluzas del 25 de marzo. El primer golpe a los bolsillos de los españoles ha sido de traca, con el agravante de un incumplimiento clamoroso de sus promesas electorales, en especial con el incremento del IRPF. No se puede jugar con la gente más tiempo. ¡Que diga la verdad, que se moje, que asuma su liderazgo de una vez! No caben más engaños. El inquilino timorato de la Moncloa tiene que dar la cara ante el país. Posiblemente sea más lesivo para sus intereses partidistas el cálculo y el tacticismo electoralista a fin de no perder votos en Andalucía que la crudeza, la extremada crudeza, de las medidas que están por venir y que este pseudo-líder no se atreve a adoptar. En los recortes, España será como Portugal.

Rajoy también habla catalán en la intimidad

Otra de las milongas que nos ha vendido Mariano Rajoy en los últimos tiempos es que estaba aprendiendo inglés. Visto lo visto, lo que está recibiendo son clases de catalán para hablarlo en la intimidad como hacía Aznar con Jordi Pujol en los tiempos de aquel infausto pacto del Majestic (infausto para el resto de España). Bromas aparte, llevamos varios días esperando una explicación, y convincente si no es mucho pedir, por parte del Gobierno central sobre los 759 millones que le dará a Cataluña por la puerta de atrás a cuenta de la inversión extra que recoge su Estatut. Desde que llegó el registrador a la Moncloa el mutismo y la opacidad son la marca de la casa.

Los nacionalistas catalanes se han apuntado el tanto y han sacado a la luz un acuerdo cerrado a espaldas de la sociedad española. Muy en la tradición de CiU de airear su influencia en Madrid y vender sus logros en su territorio, Josep Antoni Duran i Lleida ha deslizado este éxito para sus intereses que se hará efectivo una vez pasadas las elecciones autonómicas de Andalucía. Para Rajoy ha de ser vergonzante esta situación porque permanece callado (eso no es tanta noticia, tenemos en España un presidente que no lidera y juega al escondite) y quiere dejar su desembolso para cuando pase el 25-M y ya no tenga efecto en las urnas. Un engaño más al auditorío (y no para).

Sin embargo, la locuacidad propagandística del preboste de CiU se convierte en dardo envenenado para Rajoy. Es una patata caliente porque en este tiempo de duros recortes se tiene un trato de favor para Cataluña cuando no hay dinero para nada, se suben impuestos incumpliendo la palabra dada, se exige más sacrificios a la ciudadanía y a otras autonomías se les niega el pan y la sal y, por si no fuera suficiente, se incurre en la canallada de poner bajo sospecha la situación financiera con argumentos espurios y falsos.

Andalucía también tiene un cláusula en su carta autonómica que obliga al Estado a que las inversiones sean equivalentes al peso de la población y, por ese concepto, el Gobierno anterior reconoció una menor aportación de 1.500 millones en los últimos años. Esta cantidad más pronto que tarde tendrá que venir a esta comunidad. Rajoy no puede mirar al tendido. Él, como jefe de la oposición, apoyó esta disposición en 2006 en el Congreso durante el trámite de elaboración del texto. ¿Por qué se le da a Cataluña de tapadillo lo que se niega a Andalucía? ¡Qué lejano queda eso de que en política siempre hay que decir la verdad!

Y lo más sintomático: tanta guerra desde el PP al Estatut catalán, con la infantería fiel mediática detrás, y luego hocica ante las exigencias de CiU mientras cierra el grifo a los demás. La contradicción reside en la Moncloa.

La irresponsabilidad de Soraya

Volvemos a las andadas. Como en 1996, el Gobierno del PP le ha puesto la proa a Andalucía. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, no sólo equivocó el Palacio de la Moncloa con la sede de su partido, error de bulto que denota cierta bisoñez (o ganas de confundir), sino que mintió sobre la situación financiera de Andalucía. Haciendo el juego a su compañero Javier Arenas, postulante por cuarta vez a la presidencia de la Junta el 25-M, y a un periódico reconvertido en pasquín, lanzó una sombra de sospecha sobre las cuentas de la comunidad andaluza. Los datos desmienten la osadía sectaria de Soraya: el Banco de España o el Ministerio de Hacienda certifican que tanto la deuda como el déficit de Andalucía están por debajo de la media nacional. Con estos argumentos, sólo cabe calificar de irresponsabilidad inadmisible la declaración de la vicepresidenta y enmarcarla dentro de la carrera electoral a la desesperada de un Arenas al que ya no le quedan más oportunidades ni derrotas que acumular. Esta forma de actuar recuerda a la deslealtad institucional que caracterizó los ocho años de Aznar. A la derecha parece que sólo le va el palo y tentetieso  con Andalucía. Comparto las palabras del presidente Griñán: “Esto es una operación contra Andalucía orquestada por motivos puramente electorales“. ¡Basta ya de agresiones!

Siete pruebas del acoso a Garzón

Siete argumentos que dejan en evidencia la cacería que sufre el juez Garzón. Los puedes leer hoy en Público:

1. Es la primera vez que se persigue a un juez por ordenar escuchas.
2. Las pidió la Policía, las avaló el fiscal y las prorrogó otro juez, pero sólo Garzón ha sido procesado.
3. Es insólito que el Supremo haya abierto tres sumarios simultáneos por prevaricación.
4. La suma de procesos propicia una contaminación sin precedentes de los magistrados que juzgan.
5. La vista del caso del franquismo se retrasó sin razón para no ser la primera.
6. Los fiscales no apoyan las acusaciones en ninguna de las causas.
7. La mayoría de las pruebas pedidas por Garzón han sido rechazadas.

Destierro

DESTIERRO
Juana Castro

Yo no soy de esta tierra.
Era ya extranjera en la distancia
del vientre de mi madre
y todo, de los pies a la alcoba me anunciaba
destierro.
Busqué de las palmeras
mi voz entre sus signos
y perforé de hachones
encendidos la amarga
región del azabache. Yo no sé
qué vuelo de planetas torcería
mi suerte.
Sobre el mudo desvío, sé que voy,
como víbora en celo, persiguiendo
el rastro de mi exilio.

No encontrará mi alma su reposo
hasta que en ti penetre
y me amanezca
y ría.

Rectificación

Los medios de comunicación no son infalibles. Como cualquier ser humano, el periodista puede cometer o ser inducido al error. El yerro puede provenir de no contar con una información completa o totalmente contrastada, de una incorrecta interpretación del hecho por parte del reportero o de una deliberada intención manipuladora. La prueba del nueve de la intencionalidad o no del medio en la difusión de una información errónea está en la rectificación o fe de erratas. El reconocimiento del fallo, desde mi punto de vista, engrandece el prestigio y refuerza la deontología de la cabecera. Por el contrario, cuando el medio se enroca en su error se hace un flaco favor y su reputación se resiente.

En las últimas horas se han vivido estas dos situaciones en la prensa andaluza. Por un lado, el Grupo Joly tenía la grandeza de recoger una carta al director de Carme Chacón, en páginas de información, dando réplica a una información que entendía incorrecta sobre su hipotético apoyo al pacto fiscal que demanda Cataluña. En la orilla opuesta, ABC, en sus ediciones de Madrid y Sevilla, se aferraba a su supuesta verdad (Griñán ordena cortar los pagos para maquillar las cuentas) y hacía caso omiso a la apelación al derecho de rectificación esgrimida por la Junta de Andalucía ante una noticia que consideraba falsa e inveraz (el Gobierno lo niega y sostiene que se hace conforme a la ley). Pasó de enmendarse como marca la ley con el texto remitido por la administración, dedicándole el mismo espacio y las mismas condiciones que a la primera información. Optó por su visión de las cosas sin atender la demanda de la parte afectada.

En estos casos, cabría preguntarse adónde conduce el sostenella y no enmendalla. La soberbia nunca suele ser buena consejera. Es evidente que las fuentes no tienen siempre la razón, pero los medios tampoco están en posesión de la verdad absoluta.

Una ocurrencia y cinco contradicciones

Miércoles por la mañana, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, dice en una entrevista radiofónica: “Vamos a exigir responsabilidades penales a los malos gestores públicos”, a través de la Ley de Transparencia.

A partir de esta ocurrencia se suceden una catarata de declaraciones con matices, variaciones y contradicciones en menos de diez horas. Un auténtico guirigay de interlocutores del mismo Gobierno y del mismo partido. El itinerario cronológico del despropósito es el siguiente:

• El portavoz en el Congreso de los Diputados, Alfonso Alonso, corrige a Montoro y afirma que, de llevarse a cabo esa medida, tendría que hacerse a través del Código Penal y que ya concretará el Gobierno cómo va a hacerla.
• El presidente de la Junta de Extremadura, José Antonio Monago, va más allá que el Ministro Montoro y dice que el nuevo delito penal debe aplicarse con carácter retroactivo”. (¿Desde cuándo una ley se aplica con carácter retroactivo en materia penal, lechugino?)
• El ministro José Manuel Soria, en una entrevista en la televisión pública, dice que “el Gobierno no está estudiando aplicarlo con retroactividad”.
• Fuentes del propio Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas –citadas por varios medios de comunicación- desmienten a Montoro, su jefe, asegurando que no se está pensando en crear un nuevo tipo delictivo, sino en aplicar la Ley sobre los que ya hay tipificados, como es el caso de la malversación o falsedad en documento público. (Los indios tienen que enmendar al titular del departamento).
• Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas, matiza en una entrevista esa misma tarde que “no es igual una cantidad pequeña de déficit que una grande, ni incumplir muchos años que sólo uno”. Añade que en el caso de que se impongan sanciones, éstas “serán económicas”. Y en cuanto a las responsabilidades penales, reconoce que no va a haber ninguna novedad, porque “ya existe esa previsión en el Código Penal”.

¿Ya se ha olvidado Mariano Rajoy de las lecciones que impartía hace unos meses?

• Para recuperar la confianza, lo primero es un cambio de Gobierno que ya da un poco de confianza. Y lo segundo, es nombrar un Gobierno de personas serias, competentes”. (Entrevista COPE. 24 octubre 2011)
• “España necesita un Gobierno que sepa gestionar la economía, crear empleo y que se deje de frivolidades y de ocurrencias” (Avilés. 28 octubre de 2011)

En menos de un mes, Rajoy y su gobierno ya llevan un gran fraude electoral, más mentiras de la cuenta y media docena de marcha atrás. Un comienzo para borrar. Y el presidente escondido y casi sin dar la cara.

Viñeta.- Periodistas en español.

Menos prédica y más trigo

Ejemplarizantes y implacables justicieros con sus adversarios, comprensivos y condescendientes con los suyos en apuros. Aplican el doble rasero sin escrúpulos. Agreden, zarandean, aniquilan socialmente a los demás. Protegen, miman y dan cobertura política y jurídica  a los propios, con Federico Trillo en el papel estelar de recogedor de basuras y miserias humanas, de muñidor de estrategias de enredo y cortapisas para que la justicia desarrolle su labor. Así actúa el Partido Popular y sus voceros del el TDT Party y de la fiel infantería, que diría José María Izquierdo.

Andan estos días sentados en el banquillo de los acusados los ex presidentes Francisco Camps y Jaume Matas y acaba de ser CONDENADO por cohecho (exigir un soborno a un empresario) el alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón. Con esta enorme mancha en la camisa de la decencia y la honestidad, anda Javier Arenas y sus cuates peperos dando lecciones de ética a la parroquia. Y lo hacen sin pudor, como si la cosa no fuera con ellos. Estos barandas de la derecha tienen la ventaja de pasar por el confesionario para purgar sus mentiras, sus calumnias y su maldad, y después de varias oraciones de penitencia, borrón y cuenta nueva aunque sin propósito de enmienda. No tienen recato en destrozar a sus rivales, les da igual la verdad, sólo les interesa su objetivo electoral en un ejercicio de maquiavelismo donde prevalece el fin sin reparar en los (perversos) medios.

Arenas, ese indiscutible guardián de las esencias (es ironía, claro), tiene hoy una oportunidad de oro para demostrar su catadura moral. Ya se ha dictado condena a Martín Serón, un regidor defendido con uñas y dientes por el mandamás pepero, que se ha presentado dos veces a las elecciones municipales (2007 y 2011) con la sombra de la corrupción y los exagerados parabienes de su jefe. Ya no valen excusas, el poder judicial ha hablado y es la hora de las responsabilidades políticas. Este alcalde se podrá seguir defendiendo en instancias jurisdiccionales superiores, pero desde el punto de vista político no puede seguir ni un minuto más en el puesto. Ya pesa sobre sus espaldas un fallo judicial con un delito tan denigrante para un responsable público como el cohecho. Y Arenas, menos predicar y más dar trigo, ha de exigir la dimisión de su correligionario. Estamos cansados de su doble moral. Para exigir a los demás, primero hay que dar ejemplo.